Por Esther Vicente, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

Defendemos el derecho al aborto porque está a la raíz del reconocimiento de las mujeres como seres humanos racionales y capaces de tomar decisiones éticas en torno a sus cuerpos y a sus vidas.

Ciertamente contar con la opción de poder terminar un embarazo es importante para las mujeres enfrentadas a una preñez no deseada, pero el significado de la legalidad del aborto nos atañe a todas. Se trata de la garantía constitucional inherente a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de las mujeres, de todas las mujeres. Si por ley o mandato judicial se priva a una mujer del derecho a controlar su cuerpo, se nos arrebata ese derecho a todas.

La autonomía personal y la capacidad para determinar lo que ocurre en nuestras vidas, dentro de las circunstancias en que se desenvuelven, es un requisito esencial para la igualdad de género y son necesarias para poder ejercer los derechos que se garantizan a todo ser humano.

Si las mujeres perdemos el control sobre las decisiones relacionadas con nuestros procesos reproductivos, se aniquila nuestra ciudadanía democrática.

Hace casi cinco décadas – medio siglo- se proclamó el derecho fundamental al aborto como una de las garantías salvaguardadas por la intimidad y la libertad. En Puerto Rico, este derecho constituye parte integral de los derechos constitucionales de las mujeres. El año 1980 en el caso Pueblo v. Duarte Mendoza, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró que toda mujer cuenta con el derecho a decidir, en consulta con su médico, terminar un embarazo en cualquier momento de este. Además, reconoció que aún a la edad de 16 años, edad que tenía la mujer involucrada en el caso, una mujer puede procurar y obtener una terminación de embarazo si cuenta con madurez suficiente para entender el proceso médico y sus consecuencias. Estableció específicamente que esas jóvenes no necesitan el consentimiento de sus progenitores o tutores para obtener el servicio.

Así, Puerto Rico se colocó entre las jurisdicciones de corte liberal que garantizan el derecho al aborto en su sentido más amplio.

Calladamente muchas mujeres han utilizado este derecho para terminar embarazos no deseados. Activamente mujeres y organizaciones comprometidas con los derechos humanos hemos defendido la permanencia de esta norma constitucional en nuestro
País.

Ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos se encuentran dos casos que algunas personas comentan pueden cambiar el derecho vigente en cuanto al aborto. Pase lo que pase allá, aquí el derecho al aborto está consagrado en la Carta de Derechos de nuestra Constitución mediante el reconocimiento expreso de los derechos a la intimidad, la igualdad, la no discriminación por razón de sexo y la dignidad de todas las personas.

Sectores fundamentalistas que ocupan posiciones en la legislatura, y en los medios y las redes de comunicación han lanzado una campaña para amedrentarnos, arrojan injurias contra las lideresas del movimiento, crean problemas en nuestros centros de trabajo y presionan a las clínicas y profesionales de la salud que hacen posible este derecho. Se ataca nuestra libertad en todos los sentidos, incluida la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la libertad académica, el derecho a la educación; en fin, el derecho a la vida.

No es momento de esconder la cabeza como el avestruz, no es momento de callar y mirar para el otro lado. Es momento de activarnos en solidaridad para defender nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Nadie nos despojará de nuestra humanidad.

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