¿Qué establece el nuevo reglamento de San Juan para alquileres a corto plazo?

24 de mayo de 2023
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El municipio de San Juan aprobó un reglamento para crear un  registro de alquileres a corto plazo (ACP), con el cual se busca el desarrollo económico, el turismo y el derecho ciudadano a generar ingresos adicionales mediante el uso de sus propiedades mientras protegen «la salud y la seguridad de los huéspedes de la Ciudad Capital».

Lee el aquí la Ordenanza Municipal 39

«Es prioridad que esta regulación armonice la actividad dentro de los ACP con su entorno comunitario, permitiendo el crecimiento urbano ordenado y la recuperación de costos de la gestión municipal para seguir cumpliendo a cabalidad con las responsabilidades del municipio para con sus ciudadanos y visitantes, mediante el uso de las propiedades de acuerdo con su zonificación y localización», explicó el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo.

Este reglamento, aprobado en virtud de la Ordenanza 39, es aplicable a toda persona, natural o jurídica, que interese operar o que opere un negocio de ACP dentro de la jurisdicción y los límites territoriales del municipio.

Además, es aplicable a las plataformas digitales utilizadas cuyos servicios se utilicen dentro de la jurisdicción para anunciar y facilitar los arrendamientos a corto plazo.

La misma entra en vigor diez días después de notificada la aprobación de la ordenanza.

¿Qué establece el reglamento?

Mediante la aprobación de este reglamento, se establece un registro de ACP y un proceso de licencias, reza el documento.

Toda persona que interese realizar ACP tendrá que obtener una licencia para tal fin expedida por la Oficina de Permisos. Esta tendrá vigencia de un año y podrá ser renovada por el mismo periodo de tiempo.

Además:

  1. No se permitirán eventos o actividades comerciales dentro de las propiedades destinadas para ACP.
  2. En el caso de eventos o actividades sociales, estos no podrán perturbar la tranquilidad del área donde ubica la propiedad mediante, sin que se entienda como una limitación, ruidos excesivos o innecesarios.

Además, deberán cumplir con toda ley, ordenanza o reglamento aplicable al área, incluyendo el cumplimiento con los códigos de orden público, el manejo y disposición adecuada de desperdicios sólidos, entre otros.

Tampoco podrá alterarse el carácter residencial del sector ni de la propiedad.

«Las multas por infracciones concernientes al incumplimiento con leyes, ordenanzas o reglamentos relativos a la sana convivencia, limpieza y seguridad, entre otros asuntos externos a las disposiciones, serán impuestas al arrendatario de la unidad de ACP al momento de la infracción».

Los recaudos por los derechos establecidos en el Artículo 7.011 del reglamento y los fondos apercibidos por las multas impuestas ante infracciones a este «serán destinados a sufragar los costos del establecimiento del sistema de licencias y los costos de fiscalización en la Oficina de Permisos y la Oficina de Finanzas».

Además, se utilizarán para el mantenimiento, ornato, seguridad y limpieza de zonas impactadas por los ACP.

Registro de los alquileres a corto plazo

La Oficina de Permisos mantendrá un registro de los ACP autorizados en el municipio con los datos ofrecidos en las solicitudes de licencias y como resultado de cualquier memorando. «Para efectos de fiscalización, la Oficina de Finanzas tendrá acceso a la información contenida dentro de este registro».

Los miembros de la Policía Municipal de San Juan, Policías Auxiliares, los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico, los Inspectores de la Oficina de Permisos, personal debidamente adiestrado y designado por el director de la Oficina de Planificación y personas designadas por el alcalde mediante orden ejecutiva al efecto, tendrán facultad para realizar inspecciones, investigaciones y/o expedir boletos por infracciones a las disposiciones del reglamento.

¿Qué establece el reglamento sobre la operación de los ACP?

En el caso de las propiedades sometidas al régimen de propiedad horizontal, según lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como la «Ley de Condominios de Puerto Rico», bajo ningún concepto se entenderá que este Reglamento autoriza el ACP si este está expresamente prohibido en la escritura matriz o reglamento del condominio o propiedad.

Además, el reglamento no impide que el consejo de titulares, mediante la escritura matriz o reglamento imponga condiciones iguales o más restrictivas a las contenidas en el documento. «No obstante, no se podrán establecer condiciones menos restrictivas a las aquí dispuestas».

«Bajo ningún concepto se entenderá que este reglamento autoriza el arrendamiento a corto plazo en urbanizaciones o comunidades, si el mismo está expresamente prohibido por la asociación de residentes, mediante condiciones restrictivas, servidumbres voluntarias o cualquier reglamento vigente y aplicable».

Según indicaron en declaraciones escritas, el reglamento no impide que se establezcan por una asociación de residentes condiciones iguales o más restrictivas. «Sin embargo, no se podrán establecer condiciones menos restrictivas a las dispuestas».

«En el municipio se reconoce que la economía colaborativa es parte del futuro del desarrollo económico, no tan solo local, sino a nivel mundial. Responsablemente tenemos el deber de atender aquellas situaciones extraordinarias donde pudiese ocurrir un disloque entre el establecimiento de un ACP y la convivencia comunitaria», añadió Romero Lugo.

El alcance y limitaciones en la concesión de licencia no permite eventos o actividades comerciales dentro de las propiedades destinadas para ACP.

En el caso de eventos o actividades sociales, se establece en el reglamento que estos no podrán perturbar la tranquilidad del área donde ubica la propiedad mediante, sin que se entienda como una limitación, ruidos excesivos o innecesarios.

«Además, deberán cumplir con toda ley, ordenanza o reglamento aplicable al área, incluyendo el cumplimiento con los códigos de orden público o modelos de paz ciudadana y el manejo y disposición adecuada de desperdicios sólidos, entre otros».

De igual manera, no podrá alterarse el carácter residencial del sector ni de la propiedad que se alquile.

«Las multas por infracciones concernientes al incumplimiento con leyes, ordenanzas o reglamentos relativos a la sana convivencia, limpieza y seguridad, entre otros asuntos externos a las disposiciones contenidas en este Reglamento, serán impuestas al arrendatario de la unidad de ACP al momento de la infracción. Copia de ésta será notificada al anfitrión, operador o intermediario dentro de un término no mayor de 10 días».

En caso de ser una residencia compartida, la propiedad no podrá ser rotulada comercialmente a los efectos de anunciar ACP.

El número de la licencia para el ACP tendrá que estar incluido en el anuncio digital de la plataforma que promueva el alquiler de la propiedad.

Multas para operadores sin licencias

Toda persona u operador que gestione sin licencia un negocio de ACP dentro de los límites territoriales y jurisdicción del Municipio estará sujeta a la imposición y pago de una multa administrativa de $250, cuando sea la primera infracción.

En el caso de una segunda infracción, se le impondrá una multa de $500 y no podrá solicitar y obtener la licencia en el término de un año desde que cesó el incumplimiento.

Una tercera infracción conlleva una multa de $1,000 y la prohibición de solicitar y obtener una licencia para ACP por 3 años.

Según la información más reciente obtenida de la base de datos digital AirDNA, para el mes de noviembre de 2022, el municipio cuenta con cerca de 3,792 alquileres activos, esto tan solo entre las plataformas de Airbnb y Vrbo. De estos, 3,225 son propiedades alquiladas en su totalidad, tales como casas y apartamentos.

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