Por Daniel Rivera Vargas

En el mundo de las investigaciones, una figura destaca como pieza clave para revelar fraudes, escándalos o crímenes. Se trata de lo que en español se le puede llamar delator o denunciante, pero es más conocido por el término en inglés «whisteblower».

El «whistleblower» está protegido por leyes federales y estatales, así como por programas establecidos en diversas agencias gubernamentales. Algunos de estos programas incluso han compensado a dichas personas con millones de dólares por proporcionar información crucial que contribuye al desmantelamiento de actividades irregulares o ilegales.

El tema ha estado en el centro de atención a nivel internacional desde que recientemente se dio a conocer la muerte de John Barnett, reconocido como exempleado de la empresa Boeing. Barnett denunció diversas prácticas indebidas que presenció durante sus décadas en la compañía fabricante de aviones, la cual ha estado bajo escrutinio público debido a fallas en algunas de sus aeronaves.

Pero, además, tan recientemente como la semana pasada, el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunció que la Oficina de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico ha lanzado un Programa Piloto para Denunciantes («Whistleblower Pilot Program»), diseñado para fomentar la divulgación temprana y voluntaria de conductas criminales.

Puerto Rico tiene a nivel estatal también disposiciones que protegen a personas «whisteblowers» como ocurre en la Ley Núm. 154 del 23 de julio 2018, conocida como la «Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico», estatuto en cuya exposición de motivos resalta como estas confidencias han sido claves en recuperar miles de millones de dólares en Estados Unidos.

El abogado penal Leonardo Aldridge indica que hay que distinguir entre la persona «whistleblower» y la «cooperadora», que es la persona que participa de un crimen y luego opta por testificar en contra de sus otrora cómplices a cambio de cumplir una baja condena de cárcel.

Recordó como hubo casos de «whistleblowers» destacados, esto dentro del gobierno de Wanda Vázquez Garced.

«El ‘whistleblower’ no tiene nada que ganar con su denuncia, excepto la satisfacción de pensar que está haciendo lo correcto. Muy distinto al cooperador que participa en una actividad criminal y entonces tratando de salvar su pellejo es que tira al medio a todo el mundo. Entonces, legal y moralmente, están en planos completamente diferentes», dijo el letrado.

«El ‘whistleblower’ es el que hace una denuncia por lo que entiende es correcto en pro de la sanidad de la entidad en la que opera. Mientras, ves que el cooperador coopera, no por altruismo, sino por minimizar la exposición penal».

También está el confidente, una criatura afín al cooperador, que recibe una compensación económica de parte del gobierno por su labor de proveer información de entidades criminales, explicó el licenciado Aldridge.

Las leyes estatales y federales a favor de los ‘whistleblowers’ buscan fomentar que surjan denuncias, indicó, por tratarse de algo poco común y algo noble. «Es una figura cuasi mesiánica», sostuvo.

Aldridge agregó que en su práctica criminal ha visto muy pocas personas «whistleblower». «Claro, desde el punto de vista del abogado de defensa, en lo penal, es mucho más difícil el ‘whisteblower’, que tiene unos motivos más puros que el cooperador», sostuvo.