El Proyecto del Senado 640, recién radicado, enmendaría la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos para eximir el requisito de instalar sistemas de rociadores automáticos contra incendios en estas las facilidades dedicadas al cuido de adultos y personas de edad avanzada. Así, tendrían como alternativa la instalación de un panel de alarma digital interconectada, creación de certificados de brigadas de control de incendios o establecer un plan de acción para casos de emergencias con un enfoque multiriesgos, garantizando la vida de los ancianos.

Los senadores Abel Nazario Quiñones, Rossana López, Nayda Venegas Brown y José Vargas Vidot, defendieron el Proyecto, que impactaría los 1,218 cuidos de larga duración para adultos y las sobre 28 mil personas de 60 años o más que viven en la Isla, para que los costos mensuales de los servicios que reciben estos no sean económicamente inalcanzables.

"La imposición del requisito de instalar estos sistemas de prevención invasivos contra incendios contraviene la política pública contenida en la Ley 161-2009, al crearse una carga excesivamente onerosa versus el beneficio que pretende obtenerse y a tales efectos, merece ser enmendada. Esto debido a que el costo asociado de instalar el Sistema es directamente proporcional al número de camas disponibles, necesariamente ese requerimiento significará un aumento sustancial en el costo de la tarifa mensual por los servicios y limitaría el acceso a los servicios de cuidado", sostuvo Nazario Quiñones. MEDICAID no cubre la financiación de este cuidado institucionalizado por lo que el Departamento de la Familia y de Salud, las familias y los propios ancianos son quienes cubren la tarifa por el servicio.

Se desprende de la medida que, además, de no ser eximidos, el 85% de las facilidades se verían obligadas a cerrar sus puertas ante el impacto económico que conlleva la instalación del Sistema que fluctúa entre los $25 mil a $130 mil en hogares pequeños y hasta $1.2 millones en el Hogar Santa Teresa Jornet de Cupey.

El senador Vargas Vidot dijo que "por la experiencia que tengo dirigiendo instituciones de rehabilitación similares a las facilidades de cuido de larga duración, como son los que albergan a personas de edad avanzada, he sufrido la reglamentación excesiva que realmente son dirigidas a hoteles o a otras estructuras donde normalmente el inquilino se encuentra solo".

"Esto no añade elementos de seguridad, pero sí una carga onerosa para seguir operando. Existen alternativas para sustituir esta reglamentación que de la misma forma brindaría seguridad a esta población sin significar una carga onerosa", añadió Vargas Vidot.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD), Brenda Rodríguez agradeció a los senadores "por acoger nuestro ante proyecto, en el cual recogemos el resumen del trabajo realizado en los últimos años con relación a este reto que enfrenta la industria de cuidado".

"Para nosotros la seguridad de cada residente no debe ser tema de discusión porque nuestro sentido protector para con nuestros residentes es nuestra prioridad. Sin embargo, este requerimiento no aplicable a nuestra industria ayuda a quienes servimos con amor, respeto y dignidad", añadió Rodríguez.

Mientras, el director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), José Acarón destacó que el cuidado prolongado "atiende la población más frágil de nuestra sociedad e impacta a toda la familia de forma multigeneracional. Es inminente que haya servicio esencial para atender a la población con justicia social". Las personas de edad avanzada, así como sus cuidadores deben ser objeto de ayuda y apoyo cuando hoy en Puerto Rico contamos con más de 800 personas que forman parte de esta población.

La industria de Servicios de Cuido Prologando Institucionalizado en Puerto Rico es gestionada por empresarios puertorriqueños, pequeños y medianos comerciantes, que atienden una necesidad importante para sectores vulnerables, así como propician la creación de puestos de trabajo que se estima en unos 10 mil empleos directos y sobre 5 mil empleos indirectos y la inversión económica es un capital local, reza la pieza legislativa. Asimismo, proyecciones realizadas por el Censo de los Estados Unidos revelan la tendencia de aumento de la población de 60 años o más continuará, para el año 2020 esta población representará 25.3% de la población total de la Isla y se espera que para el 2050, aumente a un 39.0 la población de edad avanzada. En la conferencia de prensa los senadores estuvieron acompañados de un grupo representativo de distintos centros alrededor la isla y de personas de edad avanzada que respaldan esta iniciativa.