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La senadora Gretchen M. Hau Irizarry radicó el Proyecto del Senado 942, con el fin revisar las penas por el delito cometido en la modalidad del «Hit and Run» en Puerto Rico a fin de imponer condiciones más severas para aquellas personas que luego de estar involucrados en un accidente de tránsito, abandonan la escena, obviando el ordenamiento jurídico vigente.

El proyecto enmendaría la Ley de Vehículos y Tránsito y a la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, así como también al Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación y a las Reglas de Procedimiento Criminal.

Lee aquí la medida

Según la medida legislativa, en el país se ha visto un incremento en casos donde ocurren accidentes de tránsito y una de las partes involucradas abandona el lugar y señala que aunque existe ya legislación al respecto, se hace necesario atender las disposiciones legales que regulan este tipo de accidentes de tránsito y así promover medidas más restrictivas y agresivas para penalizar este tipo de acto.

De igual modo, el proyecto busca atender disposiciones tales como el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico y la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba a fin de introducir en ellas aspectos relacionados con incluir las modalidades de hit and run como situaciones en las cuales no podrían considerarse como alternativas para desvíos como método alterno de cumplimiento de una pena, como condición para fijar o no una fianza, y como un requisito que prohibiría que una persona pueda cualificar para una sentencia suspendida o libertad a prueba.

Además, se busca enmendar el estatuto pertinente para asegurar que la persona acuda a su cita con el proceso judicial dado a conocerse su paradero las veinticuatro (24) horas del día hasta culminar el proceso.

Finalmente, la exposición de motivos expone que no tiene sentido promover una política pública para erradicar la nefasta práctica de «hit and run» y que sea el mismo Estado quien difiera la fianza, si alguna, del imputado, por lo que procura enmendar el estatuto vigente para conformarlo a la intención legislativa.

Según estadísticas de la Comisión de Seguridad en el Tránsito, para el año 2020 se registraron 120 muertes relacionadas a accidentes de tránsito, para el año 2021 se reflejó un aumento de 45 muertes adicionales comparado con el año anterior, y durante los primeros 6 meses que van del año 2022 se han registrado 113 muertes, solo 7 muertes menos que las 120 registradas en todo el 2020.