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El Senado de Puerto Rico tiene ante su consideración un informe positivo en torno a la Resolución Conjunta del Senado 424 que busca declarar una moratoria durante la cual se prohíbe al Departamento de Educación de Puerto Rico aprobar el establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza.

La aprobación de la Ley 85-2018 dio paso al establecimiento de escuelas chárter, conocidas como Escuelas Públicas Alianza.

La medida es de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago (PIP); Ana Irma Rivera Lassén (MVC); Migdalia Padilla Alvelo (PNP); Rafael Bernabe (MVC) y José A. Vargas (Independiente). Las autoras y autores de la medida afirman que las escuelas chárter han demostrado tener un impacto fiscal negativo en las escuelas públicas existentes, a la vez que crean un sistema escolar paralelo que duplica servicios y costos. Argumentan que cuando una escuela pública pierde un porcentaje de estudiantes a escuelas chárter, la escuela pública no puede reducir los costos en un porcentaje equivalente. Mientras, la escuela todavía debe pagar la misma utilidad, mantenimiento, costos de transporte y servicios de alimentación.

Lee la medida aquí

La moratoria propuesta se mantendría vigente hasta que:

• El Departamento de Educación, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio produzcan un informe conjunto en el que se demuestre que la política pública que permite el establecimiento de Escuelas Públicas Alianza tiene un impacto fiscal neto positivo para el sistema de escuelas públicas administradas por el Estado y el Gobierno de Puerto Rico; y
• El Departamento de Educación rinda un informe a la Asamblea Legislativa en el que acredite, mediante prueba fehaciente, que se ha dado cumplimiento cabal, durante al menos 3 años escolares consecutivos, a la Regla 20 del Reglamento Núm. 9155, denominado Reglamento de las Escuelas Públicas Alianza del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, según enmendado, con relación a la totalidad de las Escuelas Públicas Alianza establecidas al momento de aprobarse esta Resolución Conjunta.

La medida legislativa cuenta con un informe positivo, con enmiendas, de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura. El informe destaca que el problema principal y específico que se pretende atender bajo esta Resolución Conjunta es el cabal cumplimiento del Departamento de Educaicón para sustentar con estadísticas, datos y argumentos cuantitativos y medibles la expansión de este modelo académico, su impacto fiscal positivo para la educación del país y el monitoreo constante según lo dispone la ley el reglamento vigente.

La Resolución Conjunta del Senado 424 está pendiente de ser incluida en Calendario de Órdenes Especiales para su votación en pleno. De ser aprobada, debe ser aprobada también por la Cámara de Representantes y firmada por el gobernador Pedro Pierluisi para que tenga vigencia de ley.