Las enmiendas al estatuto federal buscan establecer salvaguardas sociales tales como la definición de lo que son servicios esenciales y que se audite la deuda

Esta semana continuó el debate sobre la Ley PROMESA en el Congreso, cuando el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal de Representantes atendió el pasado miércoles las preocupaciones de organizaciones de la sociedad civil en el segundo día de vistas sobre reformas a la ley de quiebra federal para Puerto Rico.

Descarga: Borrador de enmiendas propuestas a la Ley PROMESA

El denominador común de los reclamos se centraron en el impacto negativo que comienzan a tener las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal sobre sectores ya empobrecidos del país como lo son los pensionados. En ese sentido, las audiencias del Comité de Recursos Naturales de la cámara baja del Congreso buscaron discutir propuestas de reforma a la Ley PROMESA, con el objetivo de dar un alivio a Puerto Rico en medio de la estrechez fiscal y la apabullante deuda pública.

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En el segundo día de vistas, el licenciado Alvin Velázquez, representante legal del Sindicato Internacional de Empleados Públicos (SEIU), presentó una ponencia sobre el borrador de discusión de Grijalva, en el que hizo énfasis en los errores de conceptualización de la legislación al esta centrarse en la meta equivocada de pagar a los bonistas y fondos de cobertura, en lugar de tener como norte garantizar servicios esenciales para el pueblo puertorriqueño.

En esa segunda audiencia, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes recibió los comentarios de reforma a PROMESA que llevaron a Washington DC las siguientes organizaciones: Oxfam America, Coalición del Sector Privado, Asociación de Productos de Puerto Rico, Alianza Privada para el Crecimiento Económico de Puerto Rico, Foundation for Puerto Rico, Asociación de Economistas de Puerto Rico, un estudiante de la Universidad de Puerto Rico, National Council for Science and the Environment, la SEIU y el Chapman Strategic Advisors.

A la preocupación por el empobrecimiento de la población con la implementación de medidas de austeridad viabilizadas por PROMESA, se suman los agravantes que aportaron los huracanes Irma y María. "Nuestra infraestructura se está desmoronando ante el impacto de contracción económica y los efectos de dos grandes huracanes en dos semanas", reza la ponencia de la Asociación de Productos de Puerto Rico.

En esa línea, lo importante para la licenciada Adi Martínez de Oxfam America en asuntos de Puerto Rico, es que las autoridades federales se unan en la labor que realizan organizaciones sin fines de lucro que velan por preservar niveles de vida adecuados para la población de la Isla a pesar de la crisis económica.

Por su parte, Velázquez de la SEIU, enfatizó en que respaldaría las propuestas enmiendas del representante Grijalva en el sentido de crear una comisión de auditoría de la deuda, para la cancelación de la deuda no asegurada, para establecer mecanismos de transparencia de la Junta de Supervisión Fiscal y para que se defina concretamente la categoría de servicios esenciales. La SEIU aglutina 1.8 millones de empleados en Estados Unidos y miles de afiliados en Puerto Rico. Velázquez es el representante legal de la SEIU en el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) en los casos de Título III de Promesa.

PROMESA y la Universidad del estado

El estudiante de contabilidad del Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico, Lyvan Buntin Rivera, se dirigió al Comité a nombre de los 53,000 estudiantes del sistema universitario. Como parte de su alocución ilustró al foro acerca de los recortes que ya había sufrido la UPR aún antes de la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal. A estos efectos apuntó hacia la congelación en 2014 de la fórmula mediante la cual el gobierno central canalizaba el 9.6% del Fondo General al centro docente, situación que ocasionó la pérdida de ingresos ascendentes a $550 millones entre 2015 y 2017.

Buntin Rivera detalló que en el año fiscal 2018, la Junta de Supervisión Fiscal comenzó a implementar sus recortes a través del plan fiscal, que comenzó con un recorte de $202 millones de dólares al sistema UPR. Apuntó a que en los pasado dos años han habido recortes presupuestarios adicionales y que en este año fiscal 2020 los recortes
acumularán un total de $333 millones de dólares, calculados desde el 2014. Según información presentada por el estudiante, todavía se proyectan más recortes hasta el año fiscal 2024; representando un total de $445 millones, lo que representa un 56% de recortes presupuestarios para la institución desde el 2014 cuando se congeló la fórmula del Fondo General.

«Respaldando las enmiendas del representante Grijalva nos aseguramos de que el futuro inmediato de la UPR esté seguro. Ello proporcionará oportunidad para que la Universidad se reorganice, actualice su infraestructura, mejore el tecnología, y en un futuro cercano funcione como una universidad más efectiva y eficiente. La propia señora Jaresko dijo que el sistema de la UPR es ‘la joya de la Corona’ de Puerto Rico. Teniendo eso en mente, es importante que la Universidad esté adecuadamente financiada para el bienestar de la sociedad y el futuro económico de la isla. Para mí, un gobierno se define por las oportunidades que le da a su gente. Para muchos puertorriqueños, la UPR es nuestra única esperanza para un futuro mejor. Por eso es tan importante definir a la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial para garantizar que continúe brindando el servicio de alta calidad por el que siempre se ha distinguido», insistió Buntin Rivera.

Reclamo de Grijalva por más protección a la ciudadanía durante la crisis

«Hay que parar el abuso que tienen los republicanos, la administración del presidente Donald Trump y los inversionistas en Puerto Rico. El propósito de la audiencia [ha sido] escuchar a las partes afectadas y conocer sus ideas sobre cómo mejorar el borrador del proyecto de ley. El borrador actual nunca fue a votación como está escrito actualmente», explicó Grijalva, congresista demócrata por Arizona, quien busca detener los recortes de las pensiones para los retirados y allegar más fondos para educación, específicamente para la Universidad de Puerto Rico.

De otro lado, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael «Tatito» Hernández, quien también participó de la primera audiencia congresional que se llevó a cabo el 22 de octubre pasado, insistió en la necesidad de definir cuáles de los servicios gubernamentales deben ostentar la categoría de servicios esenciales para así buscar mantenerlos.

«Esto es imperativo, nadie lo ha querido tocar [definición de servicios esenciales] y es lo primero que se debió proteger. Hay que identificarlos. Un ejemplo sencillo es la crisis de seguridad que enfrenta el País porque no hay dinero para suplementarla», acotó Hernández.

Asimismo, el senador novoprogresista Carmelo Ríos, quien depuso en la audiencia del 22 de octubre en representación del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, introdujo el argumento político al insistir en que PROMESA debe ser eliminada y que preferiría que se establezca otro estatuto bajo la jurisdicción del Tesoro federal. «Estoy convencido de que el Congreso no tiene la disposición de eliminar PROMESA, pero nosotros tenemos que plantearlo porque es lo correcto», argumentó Ríos.