por el Lcdo. Jeffry J. Pérez Cabán, LLM

Ya desfilaron ante los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos las expresiones y opiniones sobre la constitucionalidad de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Al final de la vista, donde se planteó la interrogante de si la vista era sobre la separación de poderes o de intereses financieros, quedó sobre la mesa una nueva duda; ¿son los miembros de la Junta entes federales o criollos? A modo de explicación, estas vistas se hacen cuando los jueces tienen interrogantes que desean que se le aclaren y así deliberar para tomar una determinación. Estas están limitadas en tiempo y espacio.

DESCARGA LA TRANSCRIPCIÓN DE AURELIUS V. PUERTO RICO

La vista tuvo su origen cuando el Primer Circuito de Boston determinó que los nombramientos son ilegales, pues violentaron la Constitución de los Estados Unidos, más no así sus acciones. El Tribunal Supremo tendrá que decidir si revoca a Boston o concuerda con su apreciación.

Más adelante sabremos la opinión de los jueces. Para que comprendamos mejor: si estos son considerados nombramientos federales, o sea que requieran confirmación del Senado federal (lo que no ocurrió), quedaría corroborar si sus decisiones se quedan, incluyendo el plan de ajuste fiscal y las negociaciones con diversos acreedores que ascienden a miles de millones de dólares. Por otro lado, si son nombramientos del territorio, esta confirmación senatorial no seria necesaria.

Varias de los abogados, académicos y figuras políticas, con las que pudimos conversar mostraron decepción con el proceso, aunque a la expectativa de una pronunciación del Tribunal Supremo sobre qué tan territorial es Puerto Rico.

Algunas de las impresiones que recogimos fueron las siguientes; los abogados de Aurelius (firma que representa a algunos bonistas) resaltaron la importancia que acarrea esta discusión pues impacta a la nación americana completa. La UTIER, quienes entre sus abogados estuvo la licenciada Jessica Méndez Colberg, única puertorriqueña que argumentó en la vista planteó el clima de insubordinación política y económica que establece la norma.

En un diálogo con el representante José «Quiquito» Meléndez antes de comenzar la vista, éste me expresó su preocupación por la postura del Gobierno, a favor, de la Junta de Supervisión Fiscal que a su juicio, fue contrario a lo que se le había prometido al pueblo puertorriqueño. Así mismo, el representante Rafael «Tatito» Hernández compartió la realización de esfuerzos con el fin de aglutinar todas las corrientes políticas de su delegación legislativa para encaminar un fin común y combatir el estado de derecho actual.

Por otra parte, el profesor y representante legal del Municipio de San Juan, el exrepresentante Charlie Hernández, nos detalló la realidad de los gobiernos municipales bajo este escenario y cómo la Junta ha intervenido en los procesos de los gobiernos locales. Hernández mencionó la Ley 29-2019 donde el Gobierno de Puerto Rico asume la responsabilidad de los pagos de las aportaciones municipales a la tarjeta de salud y de los pensionados de dichas entidades.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Carlos Gorrín Peralta, expresó cómo el Tribunal pudo preguntarles a las partes si realmente era un asunto de separación de poderes bajo la Constitución de los Estados Unidos o si en cambio era un asunto de interés financiero de los involucrados. Gorrín Peralta lanzó críticas al establecimiento de la Ley PROMESA por obstaculizar, junto a la relación política y jurídica actual de los Estados Unidos y Puerto Rico, al crecimiento y desarrollo económico de la Isla.

Ha sido una grata experiencia ir al máximo foro judicial y recopilar estos insumos. Confiamos que el proceso de determinación sea un conforme a los pilares de la justicia y que exista el compromiso de todo para que podamos desarrollar nuestra economía, fortalecer el servicio público, y brindar empoderamiento al ciudadano.

A fin de cuentas, la determinación que tome el Tribunal Supremo será nuestra consecuencia del mañana y definirá el camino que tomará Puerto Rico en el mundo de la gobernanza y de su desarrollo económico. Todo esto dependerá de este cuerpo colegiado y de las acciones que a raíz de este conflicto tomen las ramas políticas, es decir el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos.