Un juez federal dictaminó que la fase del descubrimiento de prueba, en una demanda presentada por tres hombres torturados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), podrá continuar así como los procedimientos referentes al caso, informó el diario británico The Guardian.

Luego de celebrarse una vista en la que argumentaron los abogados de dos psicólogos que crearon el programa de tortura y tres abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representan a las tres víctimas de tortura, el juez federal Justin L. Quackenbush determinó que no podía desestimar el caso.

"No puede desestimar este caso sumariamente. Está completo, como menos. De inicio, la demanda alega que no solo la participación e instigación, sino que además se alega la participación y complicidad en la administración de este programa de interrogación", explicó el magistrado.

Los abogados de las tres víctimas, uno de los cuales se congeló hasta la muerte en medio de una sesión de tortura de la CIA, se manifestaron emocionados luego de escuchar la determinación.

"Esto nunca había sucedido anteriormente. Han habido tantos casos presentados por víctimas de tortura en Iraq, Afganistán y otros lugares, y ninguno de estos había progresado por razones vergonzosas. Esto es algo grande para nuestros clientes", explicó Hina Shamsi, directora del Programa de Seguridad Nacional de la ACLU.

La ACLU presentó la demanda en representación de Suleiman Abdullah Salim, Mohammed Ahmed Ben Soud y Gul Rahman. Este último, quien fue un refugiado afgano, murió de hipotermia mientras se le sometió a un "interrogatorio mejorado". Las víctimas alegan que los psicólogos James Elmer Mitchell y John "Bruce" Jessen, contratados por la CIA, diseñaron un programa de tortura brutal que se convirtió en una "empresa criminal conjunta".

Aunque estos fueron apresados por años y sujetos a "crímenes de guerra" –según alega la propia demanda—los tres hombres nunca fueron acusados formalmente de ser parte del grupo Al Qaeda. A pesar de haber sido sometidos a graves daños psicológicos y físicos, al ser liberados no recibieron compensación alguna del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, en el año 2012, el Departamento de Justicia anunció que los responsables del régimen de tortura que no se limitó a estos tres hombres, no serían sometidos a cargos criminales. A través de los años, a partir del 9/11, 119 hombres fueron torturados mediante estas técnicas. Particularmente los tres demandantes estuvieron en un grupo de 39 hombres que fueron torturados mediante las más horribles torturas y experimentación científica que incluyó penetración anal, ejecución simulada, el ser rociados con agua helada y el método de ahogamiento conocido como "waterboarding".

Durante la vista, el juez preguntó si había alguna evidencia de que el Presidente de los Estados Unidos había autorizado las actividades de tortura, a lo que el abogado de los torturados contestó que la CIA recibió autorización del Presidente de los Estados Unidos para llevar a cabo dicha acción. Esta respuesta no satisfizo al juez, que inquirió nuevamente si había alguna evidencia de que el Presidente había dado directamente las órdenes, a lo que el abogado contestó: "Aún no he tenido la oportunidad de tomar deposiciones en este caso".

El juez manifestó molestia de que los abogados de las partes no hubieran leído el contrato entre la CIA y los gestores del programa de tortura, sugiriendo que el documento podría aclarar cuestionamientos críticos, incluyendo quien escogió las víctimas, quien decidió quien serían las víctimas y sobre quién decidió cuales técnicas utilizar y quienes estaban a cargo.

Uno de los abogados de la ACLU argumentó que aún si se producía dicho contrato, lo establecido en el contrato no está fuera del alcance de la consideración del tribunal. "Sería prematuro decidir si estos actuaron 100% dentro de la letra", explicó.