Por Daniel Rivera Vargas

La Comisión de Derechos Civiles (CDC) denunció mediante carta al comisionado de la Policía, Henry Escalera, y al monitor federal de la Uniformada, John Romero, los nuevos bloqueos de la carretera en aras de combatir la pandemia del COVID-19.

La misiva con fecha de hoy resume parte del Estado de Derecho que permite los bloqueos de carreteras en circunstancias muy particulares, y evalúa la forma en que se están realizando los actuales, con agentes cuestionando el parentesco de las personas dentro de un vehículo y cotejando si están usando mascarillas, y según la CDC, estas acciones violan los parámetros constitucionales para que estas intervenciones vehiculares sean legales.

«Utilizar las excepciones permitidas en la jurisprudencia para atentar contra la intimidad de las personas es una acción que traspasa los límites de las actuaciones permitidas por el Estado», sostiene la CDC en la carta de tres páginas.

En entrevista con Microjuris.com, el director ejecutivo de la CDC, el licenciado Ever Padilla, lamentó que el Estado, en vez de orientar y educar sobre los derechos humanos, puesto que este es el mes en el que se reconocen estos derechos, esté violentando derechos con esta directriz, que arranó el pasado lunes, esto amparados en la orden ejecutiva 2020-087.

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«Entendemos que hay un violación crasa los derechos constitucionales», dijo Padilla. «Nuestra constitución consagra la dignidad del ser humano como el eje principal, y esa dignidad permea toda nuestra constitución, la constitución enumera ciertos derechos que entendemos que se están violentando, como el derecho a la intimidad, a la autoincriminación, el derecho a permanecer callado», agregó.

El abogado también resaltó que los bloqueos están reglamentados por decisiones judiciales estatales y federales, que permiten intervenir en ciertas instancias cando hay motivos fundados de una violación de ley, pero «otra cosa es que se te detenga para ver si usas una mascarilla, o preguntar por tu parentesco».

Padilla dijo que esperaría que alguien rete en los tribunales estos bloqueos, y exhortó a la ciudadanía a traer sus cuestionamientos ante la CDC para ir haciendo acopio de posibles situaciones que surjan con estas intervenciones.

De otra parte, y antes de que se conociera a existencia de esta comunicación de la CDC a la Policía y al monitor federal, Microjuris contactó a varios profesores de Derecho para que se expresaran sobre la validez de estos bloqueos policíacos.

Para el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Julio Fontanet, hay que reconocer que el gobierno debe tomar iniciativas para atender el tema de la pandemia, y que en muchas instancias se debe ser creativo, pero ciertamente, ante el cuestionamiento de si el mecanismo de los bloqueos ayuda a prevenir contagios, «la respuesta es que no».

«Por ejemplo, ¿hay pruebas de que el COVID se transmite particularmente en los vehículos, a cierta hora, del día o de la noche?, Es decir, la utilización de estos bloqueos no está sustentada en ninguna medida profiláctica basada en la ciencia, nuevamente no reconoce que le gobierno debe hacer cosas para atender esta crisis, pero tiene que asegurarse que las medidas que tome sean efectivas».

«Otro problema que representa, a parte de su inefectividad (para frenar el coronavirus), la invasión indebida de la intimidad de las personas. No hay justificación alguna para que el estado le pregunte a una persona su relación con las personas con las que viaja», mencionó.

Recordó que los bloqueos están permitidos cumpliendo ciertos criterios y solo con fines legítimos, como cuando hay causa para creer que se viola una ley de tránsito, o alguna otra disposición penal u administrativa. También dijo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que los bloqueos deben afectar mínimamente el movimiento de las personas «y la información que tenemos es que hay personas esperando horas para discurrir por una vía pública».

Mientras, el profesor Hiram Meléndez Juarbe sostuvo que «para mí lo más preocupante de todo esto es la génesis. Hay una orden ejecutiva de la gobernadora (Wanda Vázquez) sobre pautas de comportamiento en una situación de emergencia, pero me resulta caro que la autoridad legal de la gobernadora para esas órdenes ejecutivas es bastante débil, es en mi opinión de dudosa validez constitucional».

Meléndez Juarbe entiende que la gobernadora está actuando con facultad de pautar ella misma que hay una emergencia y ella misma decidir que leyes quedan suspendidas por esa emergencia, lo que según el es «problemático». Además, bajo disposiciones de la Ley de Seguridad Pública que responden a emergencias como huracanes, de corto periodo, pero en el caso de COVID-19 ya es una situación que se ha extendido por casi un año.

Para el catedrático de Derecho de la Universidad de Puerto Rio (UPR), el ejercicio de estas facultades de recortar derechos civiles mediante una orden ejecutiva es una abdicación de las facultades de la Asamblea Legislativa de ser los que evalúan y aprueban leyes.

«Yo no estoy diciendo que el gobierno no puede establecer medidas de control de la pandemia, creo que debe y puede hacerlo, lo que estoy diciendo es que quien debe hacerlo es la legislatura», sostuvo. «La legislatura no puede darle un cheque en blanco al ejecutivo, es demasiado poder en unas solas manos», indicó.

Además del asunto de la validez de la orden ejecutiva, Meléndez Juarbe también recordó que las intervenciones vehiculares mediante mecanismos como bloqueos requieren una «base razonable» que entiende no existe en estos casos.