Por Daniel Rivera Vargas

La posibilidad de que la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), Maite Oronoz Rodríguez, deje su cargo para unirse al Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston vuelve a poner en perspectiva que ya existe una vacante en el más alto foro judicial de Puerto Rico y que es importante recordar cómo la Academia entiende que debe ser atendido ese nombramiento.

El gobernador Pedro Pierluisi comentó ayer, martes, en una conferencia de prensa que antes de presentar un nombramiento al Tribunal Supremo, buscará el consejo y consentimiento de la presidencia del Senado de Puerto Rico.

¿Cúal debería ser el perfil?

El profesor Carmelo Delgado Cintrón —en una conversación previa con Microjuris.com— sostuvo que la actual vacante en el Tribunal Supremo debe ser ocupada por una mujer.

Además de tener 10 años de práctica, el profesor recomendó que sea una persona reconocida por sus pares por su prestigio, que haya escrito artículos, ya sean académicos o sociales, que esté involucrada en temas sociales, con dedicación a los servicios probono, preferiblemente con experiencia en la judicatura, con experiencia en bufetes aunque sean pequeños o con experiencia en entidades como fiscalía o la Sociedad para la Asistencia Legal, hasta en la Legislatura, y que tenga una vida profesional y personal intachable.

«Eso se ha cumplido en la historia del tribunal», dijo Delgado Cintrón, quien pasó a enumerar a jueces asociados que se distinguieron en la sociedad, como Luis Negrón Fernández, juez y poeta puertorriqueño.

El profesor también mencionó a Marco A. Rigau, José Trías Monge, Miriam Naveira Merli, Pedro Pérez Pimentel, quien fue secretario del Partido Nacionalista con Pedro Albizu, Rafael Hernández Matos y la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez, quien fue secretaria del Departamento de Justicia.

Delgado Cintrón agregó que al hablar de una persona intachable «me refiero que no haya tenidos violación de ética gubernamental y profesional».

El profesor Carlos Díaz Olivo también destacó previamente a Microjuris.com que «la cosa se le complica a Pierluisi, que tiene un Senado que no es de su partido, sino fraccionado, con participación de cinco partidos».

«Tiene que ser una persona que no sea repugnante y que no sea incómoda a esa mayoría en un Senado tan diverso. Esto descarta de salida a jueces abiertamente identificados con corte político como penepés y buscaría alguien menos conocido y problemático», sostuvo Díaz Olivo.

Evitar la intervención política

La catedrática de la Escuela de Derecho de la UPR, Érika Fontánez Torres, destacó que se debe pensar en personas por sus méritos y evitar buscar personas por una afiliación política.

«Hemos normalizado que las personas que van a ocupar los puestos de más relevancia en nuestras vidas, en este caso un nombramiento jurídico, son producto de negociaciones de espaldas al país y que se dan por el movimiento de ciertas fichas de poder», afirmó la profesora.

Fontánez Torres dijo que el llamado es a ir más allá de los lazos políticos en estos nombramientos.

La profesora recordó que en un foro en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), en ocasión del retiro del entonces juez presidente Federico Hernández Denton, fue una las voces que solicitó que lo político no fuera un factor para evaluar la candidatura, sino que —incluso más allá de las credenciales académicas— se evalúen las contribuciones al derecho, la hoja de vida en el área legal y se identificara si la persona estaba comprometida con los sectores más vulnerables del país.

La catedrática señaló que lo más importante para llenar una vacante es:

• la visión que la persona nominada tenga sobre ciertos temas
• qué trae nuevo a la mesa

Para la abogada, es importante que las personas que residen en Puerto Rico sepan qué ha escrito o dicho la persona nominada y si ha ejercido o colaborado en temas como el derecho a la vivienda, la atención a la violencia de género, el derecho de las personas confinadas o privadas de libertad.

Una selección participativa

La profesora Fontánez Torres agregó que lo ideal sería que diferentes sectores de la sociedad participaran del proceso deliberativo que lleva a nominar a nuevas figuras judiciales del Tribunal Supremo, y que la persona nominada aspire al cargo, no solo por prestigio, sino porque sean personas comprometidas con un mundo más justo.

¿Una segunda vacante?

Aunque la salida de la jueza Oronoz Rodríguez no ha sido confirmada ni negada, la posibilidad ha sido reseñada en diversos medios.

«La jueza presidenta, Maite D. Oronoz Rodríguez, está enfocada en su trabajo liderando el Poder Judicial de Puerto Rico y no hará expresiones sobre este tema en este momento», fue la única expresión sobre este tema del portavoz de la Rama Judicial, Daniel Rodríguez.

Si Oronoz Rodríguez renunciara al Supremo de Puerto Rico tras recibir un nombramiento del presidente Joe Biden, y posteriormente fuera confirmada por el Senado de Estados Unidos al Tribunal de Apelaciones —que tiene una vacante en el primer circuito tras el fallecimiento del del juez puertorriqueño Juan R. Torruella—, esto provocaría dos vacantes en el Tribunal Supremo.

Sin precedentes

El historiador y profesor Delgado Cintrón también explicó a Microjuris.com que no hay precedente local como el que se plantea ante la salida de Oronoz Rodríguez, aunque sí mencionó que existen otros casos donde letrados puertorriqueños han estado tanto a las puertas de la judicatura estatal como la federal.

Delgado Cintrón mencionó dos ejemplos.

El primer ejemplo es el de Clemente Ruiz Nazario, quien fue juez de distrito en las cortes estatales de Puerto Rico, estaba en la «lista corta» para el Supremo de Puerto Rico, pero no fue nominado. Luego, en 1952, se convirtió en el primer puertorriqueño en la judicatura federal de la Isla.

El segundo ejemplo es el de Salvador Casellas, quien luego de ser secretario del Departamento de Hacienda bajo Rafael Hernández Colón, el entonces gobernador le ofreció el cargo de juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero este declinó, para luego recibir un nombramiento presidencial para juez federal en 1994.

Pero, en temas políticos, Delgado Cintrón entiende que la posibilidad debe haber creado molestia en las filas del PPD porque su salida podría llevar a que el partido estadista nombre a 8 de los 9 jueces del Tribunal Supremo.

Los únicos integrantes del Supremo en la actualidad nombrados por gobernadores populares son Oronoz Rodríguez y el juez asociado Ángel Colón Pérez.

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