Descarga el documento: United States v. Bravo

Para el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, fiscalía federal no cumplió con el estándar de prueba para establecer que la entidad que Héctor Martínez Maldonado representaba (el Gobierno de Puerto Rico) recibió beneficios federales de al menos $10,000, según establece la Ley federal bajo la cual se le acusó a Juan Bravo Fernández y a Martínez Maldonado.

A Hectór Martínez Maldonado y a Juan Bravo Fernández se les acusó de soborno con fondos de un programa federal. Los elementos del delito según tipificado obligan al fiscal a establecer que la entidad beneficiada por los acusados recibió al menos $10,000 en fondos de un programa federal.

Las alegaciones de fiscalía federal eran que en el 2005 Bravo llevó a Martínez Maldonado a Las Vegas para una pelea de boxeo a cambio de beneficiarle mediante legislación que favorecería la compañía de Bravo Fernández, Ranger American.

Ya Martínez Maldonado y Bravo Fernández habían pasado por este proceso, una convicción bajo la acusación de soborno y una subsiguiente apelación que revocó la sentencia. En aquella ocasión, el Primer Circuito razonó que la ley bajo la cual se les acusó criminaliza el soborno, no las «propinas», y, no quedó claro bajo qué teoría fue que el jurado los halló culpables. Luego los acusados intentaron desestimar sus acusaciones bajo alegaciones de que someterlos a juicio nuevamente viola la cláusula constitucional contra la doble exposición, pero en aquel instante el tribunal declaró no ha lugar, y dio paso al nuevo juicio.

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Luego del nuevo juicio, el jurado nuevamente halló culpables a Juan Bravo Fernández y Héctor Martínez Maldonado de soborno con fondos de un programa federal. Los convictos nuevamente solicitaron la desestimación del caso, señalando esta vez que fiscalía no estableció que hubo un beneficio en exceso de $10,000 para que se les halle culpables bajo la ley que se les acusó. El Tribunal de Distrito no dio paso a la solicitud, por lo que los convictos apelaron ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito.

La opinión del juez Juan Torruella comienza con una cita de Peter Allen que traducida dice «porque todo lo viejo es nuevo otra vez».

En síntesis, el Primer Circuito concluyó de la prueba no surge de alguna entidad del Gobierno de Puerto Rico, representada por Héctor Martínez Maldonado, haya recibido beneficios en exceso de $10,000 a base de los hechos. Para fiscalía federal pareció suficiente estipular que Puerto Rico recibe una suma mayor de $10,000 en fondos federales cada año. Sin embargo, no todos los fondos federales constituyen «beneficios» para Puerto Rico bajo las distintas leyes, y fiscalía no incluyó prueba de que los fondos fuesen beneficios.

por el Lcdo. Cristian González