Por Daniel Rivera Vargas

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Una mujer víctima de un presunto timo y que alegaba daños mayores al $1 millón trató de demandar a una aseguradora, pero el recurso legal fue desestimado por el juez de distrito en Puerto Rico y la decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

Según la opinión emitida el pasado viernes, la perjudicada Dora L. Bonner alegó en su demanda que la empresa le denegó «millones de dólares» en ciertas inversiones, mientras que le cobraban gastos administrativos que sobrepasaron los $65,438.50.

Sin embargo, la contestación a la demanda de la aseguradora es que ningún empleado de ellos realmente la contactó y que la mujer fue víctima de una estafa avanzada por individuos que simulaban ser empleados de la compañía.

La demandante Bonner narró que en el 2015 fue contactada por una persona que se identificó como director de la división legal de la aseguradora, con el nombre Albert Gamboa Spencer.

La mujer, según el documento, participó por meses en cientos de correos electrónicos y llamadas con lo que ella entendía eran ejecutivos de la aseguradora. Bonner nunca recibió el dinero prometido y en junio de 2019 demandó.

Iniciado el descubrimiento de prueba, la aseguradora se negó a contestar partes del Primer Interrogatorio por ser muy amplio y vago, y en el interín presentó una moción de sentencia sumaria, exponiendo que los hechos no controvertidos del caso evidencian que la mujer fue víctima de un fraude perpetrado por terceras personas no relacionados a la aseguradora.

El magistrado que atendió la controversia en el tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Bruce McGiverin, le dio la razón a la empresa y Bonner apeló a Boston.

El Tribunal de Apelaciones atendió las dos controversias expuestas por Bonner. El primer señalamiento de error fue que el magistrado se equivocó al no resolver que la aseguradora renunció a ciertos argumentos al responder el primer interrogatorio (aunque fuera parcialmente).

Los jueces en Boston recordaron que es una opción (may be held) entender que cuando no se presenta una objeción a tiempo, esta se entiende renunciada, pero esto «permanece en la discreción del tribunal».

Se agrega también que solicitar descubrimiento «no abre las compuertas a una cascada de descubrimiento de todo tipo».

También el foro apelativo entiende que la perjudicada no proveyó causa conforme a las Reglas de Procedimiento Civil.

Como ejemplo, el pedido de que la aseguradora produjera todas las transferencias electrónicas y bancarias a cualquier cuenta en Estados Unidos, Tesoro de Estados Unidos, o en Costa Rica para el periodo relevante.

Sobre la sentencia sumaria, el magistrado McGiverin tomó como ciertas las alegaciones en varias declaraciones juradas sometidas por la empresa, negando que las personas identificadas por Bonner nunca trabajaron la aseguradora, que algunos de los cargos identificados no existían en la empresa y que solamente uno de los mencionados existía, pero aseguró que nunca contactó a la perjudicada.

Bonner alegó, amparado en un caso de 1962 (Poller v. CBS), que un «juicio por affidavit no debe sustituir un juicio por jurado», pero el foro apelativo entendió que el caso Poller era uno en el cual «no había evidencia concluyente», aunque en el caso de este alegado fraude, las declaraciones juradas establecen que los individuos con los que Bonner habló no trabajaban para la compañía.

Asimismo, Bonner cuestionó que no se consideró la evidencia que ella sometió, como llamadas y correos electrónicos.

Los jueces apelativos entendieron que era prueba de referencia y que la demandante no probó que aplicara alguna excepción.

«Concluimos que el tribunal no abusó de su discreción», entendió el foro apelativo.