La portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie J. Burgos Muñiz, radicó el Proyecto de la Cámara 1224, a los fines de enmendar la Ley 90-2020, conocida como "Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico".

Esto forma parte de una serie de proyectos de ley relacionados a los requisitos de vacunación contra COVID-19.

La representante también radicó el Proyecto de la Cámara 1225, que enmienda la Ley de Inmunización de Estudiantes y dispone que el Secretario de Salud no podrá requerir la inmunización de estudiantes con vacunas, toxoides o cualquier otro producto que sólo cuente con una Autorización de Uso de Emergencia, al amparo de la Sección 564 de la Federal Food, Drug and Cosmetic Act, o que tenga no más de cinco años de haber sido aprobado para su distribución comercial por las autoridades federales competentes.

En cuanto a las enmiendas Ley 90-2020, la medida persigue incluir en la definición de "acoso laboral" el que un patrono solicite a un empleado que este le muestre evidencia de haberse inoculado con una o más dosis de cualquier vacuna contra el COVID-19 y/o que le muestre un resultado negativo de una prueba para detectar dicho virus.

Si el proyecto es aprobado, los patronos que soliciten la presentación de evidencia de vacunación o una prueba negativa estarían incurriendo en acoso laboral y vendrán obligados a indemnizar al empleado por el doble de los daños causados.

De igual forma, los empleados que hayan sufrido un despido constructivo por su estatus de vacunación tendrán derecho a presentar una reclamación de despido injustificado bajo la Ley 80.

"La Exposición de Motivos de la Ley 90-2020 es clara al establecer que los empleados que sufran un despido constructivo a raíz de actos constitutivos de acoso laboral tienen el derecho a instar una reclamación al amparo de la Ley 80. Esto quiere decir que los empleados ilegalmente despedidos recibirán la indemnización dispuesta en la Ley 90-2020 junto con la mesada de despido injustificado de le Ley 80. De esta manera garantizamos una mayor protección a todos los trabajadores puertorriqueños", manifestó en comunicación escrita la también presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

Burgos Muñiz también presentó la Resolución Conjunta de la Cámara 43, que busca que se dejen sin efecto más de una decena de órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Pedro Pierluisi, todas relacionadas a directrices de cuarentena, vacunación, distanciamiento físico entre otras restricciones para atender la crisis provocada por la pandemia.