El Proyecto de la Cámara 2324 de la autoría del representante Víctor Parés Otero, busca enmendar la Ley de Transformación y ALIVIO Energético con el fin de que los programas de eficiencia energética no puedan ser financiados mediante aumentos tarifarios a los abonados.

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El proyecto dispone que el Negociado de Energía deberá solicitar fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y Recuperación de Desastres (CDBG-DR) para el desarrollo de programas de eficiencia energética.

Según expresa el proyecto, la Ley Núm. 120-2018, según enmendada, conocida como Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, así como la Ley Núm. 17-2019, conocida como Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, contienen base legal para lograr una transformación hacia un sistema energético resiliente, moderno y eficiente, e indica que dichas leyes dictan los procesos y las metas que se han identificado se deben lograr para dejar atrás un sistema que hace años dejó de responder a las necesidades del país.

Según indica la medida, una de las metas que se ha podido identificar para lograr el mejoramiento del sistema eléctrico es lo que se conoce como «eficiencia energética». La Ley Núm. 83-1941, según enmendada, así como la Ley Núm. 57-2014, según enmendada, definen este término como «la disminución en el uso de energía atribuibles al reemplazo de enseres y equipos, modernización de tecnología o a una mejor operación de materiales y equipos existentes, así como cualquier otro programa desarrollado por el Negociado [de Energía de Puerto Rico] con el propósito de reducir el consumo de energía eléctrica».

La Ley Núm. 17-2019, la cual, entre otros asuntos, enmienda varias leyes relacionadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), refuerza la meta de treinta por ciento (30%) de eficiencia energética para todo Puerto Rico para el año 2040. Por otro lado, impone al Negociado de Energía de Puerto Rico el deber de asegurarse que se cumpla con esa meta. Para lograr lo anterior, según indica el proyecto, la Ley 17-2019 facultó al Negociado a establecer programas de eficiencia energética que nos acerquen a lo dispuesto en la Ley 57-2014, según enmendada.

En su exposición de motivos, la medida hace mención al controversial cargo que en determinado momento se consideró colocar en la factura de los abonados, y que se dio a conocer luego que el 16 de septiembre de 2019 el Negociado aprobó un aumento en la factura de energía eléctrica de $0.00128/kWh. Sin embargo, establece a su vez que las Leyes Núm. 17-2019 y 57-2014 no imponen la obligación del Negociado de hacer un ajuste a la tarifa de energía para el establecimiento de estos programas.

El proyecto fue radicado el día 28 de octubre de 2019, y referido el 31 de octubre a la comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara. Dicha medida al momento no tiene programada ninguna vista pública.

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