El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla firmó la Ley de la Colegiación Integrada de los Abogados, que restituye al Colegio de Abogados de Puerto Rico algunas de las facultades que le fueron retiradas durante el cuatrienio pasado.

De interés: Asociación de Abogados solicita al Supremo intervenir para decretar inconstitucionalidad de colegiación obligatoria (31 de julio de 2014)

Pero con la firma del Proyecto de la Cámara 1366, tal cual lo había anticipado la Asociación de Abogados de Puerto Rico, varios abogados presentaron durante la misma tarde en que se firmó la ley una demanda de injunction para detener la implantación de la misma. Los abogados peticionarios alegan que el Colegio de Abogados de Puerto Rico no representa en sus posturas y actuaciones a los demandantes y que no hay un interés público que justifique el obligar a la colegiación, por lo que esta no debe ser.

Según reza la demanda radicada por los abogados John E. Mudd y John A. Stewart, la colegiación obligatoria está en conflicto con el derecho constitucional de libre asociación de los abogados. Para respaldar su alegación citan la Primera Enmienda de la Constitución federal, que garantiza el derecho a la libre asociación y al caso Colegio de Abogados v. ELA, 181 DPR 137, que dio pie a la descolegiación. Además alude a que es el Tribunal Supremo quien regula el ejercicio de la abogacía y que en ningún momento el Tribunal Supremo ha renunciado a esa función para que sea delegada a una organización particular.

Los abogados también explican que por la ley estar en conflicto con los derechos constitucionales, debe ser evaluada para un escrutinio estricto, teniendo el Estado que demostrar el interés apremiante que aseguran no existe.

La demanda denuncia represalias y atropellos recibidos de parte de los abogados demandantes, así como de otros compañeros. Estos alegan ser atropellados durante el ejercicio de la palabra en varias asambleas, así como que se ignoró la opinión de los miembros que se oponían a que se celebrara el velatorio de Filiberto Ojeda Ríos en los predios de la institución, entre otros ejemplos.

Temprano en el día, el gobernador Alejandro García Padilla, así como la presidenta del Colegio de Abogados, le había restado importancia a la posible ocurrencia de un pleito. García Padilla indicó que hay mecanismos para aquellos abogados que no deseen ser parte del Colegio. Entre esos mecanismos, figura el que los abogados y abogadas que objeten el pago de la cuota anual de $250, que se impondría a partir del 1 de enero de 2015, podrán dirigir los recursos al Fondo de Acceso a la Justicia en lugar de destinarlos al colegio.

«Si fuera inconstitucional, sería inconstitucional en 38 jurisdicciones de Estados Unidos. Esta ley es distinta a la ley que ellos derogaron, permite que los abogados y abogadas destinen la cuota que pagan al Fondo de Acceso a la Justicia», expresó García Padilla.

El Fondo de Acceso a la Justicia fue creado por ley a finales del año pasado para contribuir al sostenimiento de las organizaciones de servicios legales que atienden a la población de escasos recursos económicos.

Por su parte, la presidenta del Colegio, Ana Irma Rivera Lassén, señaló que la Junta de Gobierno del Colegio determinó impulsar nuevamente la colegiación obligatoria luego que los cerca de 6,000 abogados colegiados apoyaran ese proceder en una consulta celebrada el año pasado. Según estimados que ofreció durante la rueda de prensa, en la Isla existen actualmente entre 10,000 y 11,000 abogados activos en la profesión.