La Sección Ambiental de la Clínica de Asistencia Legal (CAL) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, solicitó a la Junta de Planificación (JP), en representación de la organización ambiental Ciudadanos del KARSO, retirar el borrador de Reglamento Conjunto del 2022 que regula el uso de terrenos y otorgamientos de permisos en Puerto Rico.

¿Cuáles son los argumentos?

El licenciado Pedro Saadé Lloréns sostiene que el Reglamento Conjunto del 2022:

1. Tiene efectos detrimentales en las zonas del Carso, que es contrario a varias leyes, y que limita la participación de las comunidades en asuntos públicos.
2. Impacta negativamente áreas residenciales, las costas y los recursos naturales, al cambiar sin justificación de esas áreas las calificaciones de esas áreas, se reduce grandemente la creación de nuevas reservas naturales.
3. Viola la Ley Núm. 38 del 2017 de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).
4. Atenta contra la Ley Núm.292-1999 a medida que ignora las facultades del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la adjudicación de permisos, entre otras, en la zona del Carso.

«A pesar de que el RC22 reconoce que la ciudadanía podrá participar en el proceso de planificación ambiental, el trámite para la evaluación ambiental que propone refleja la deficiente práctica actual en lo que se refiere a la notificación y participación pública. Este proceso es el que realmente acontece electrónicamente a espaldas del público, quien no tiene manera de conocer sobre el mismo hasta que ha culminado dicha etapa y se presenta la solicitud del proyecto con su aviso», dijo el licenciado en declaraciones escritas.   

Saadé puntualizó «que no se notifica a vecinos o a las comunidades o al público en general cuando se está considerando los efectos ambientales o a la salud de un proyecto como sucedió en los casos de la construcción del terminal de gas de New Fortress en San Juan, del Condominio Sol y Playa en Rincón y de la Cueva las Golondrinas en Aguadilla, y en casi la totalidad de los casos que procesa la Oficina de Gerencia y Permisos».

Según la organización, el RC22 limita y dificulta que se presenten querellas por construcciones ilegales en las costas o que fueren detrimentales a las playas, zonas del karso o el bienestar vecinal, debido a que se impone como condición que la persona haya sido afectada adversamente por actuaciones contrarias a la Ley Núm.161-2009.

• La Ley Núm.161-2009 establece los parámetros para determinar la evaluación, concesión y denegación de permisos por parte del Gobierno.
• Por lo tanto, el RC22 excluye a quienes hayan estado cercanos a sufrir un daño, pero que no haya ocurrido el incidente, lo que reduce la posibilidad de evitar un daño.

Acceso a la información pública

Además, se develó que restringe el derecho de la comunidad a acceder a información pública a medida que dispone que solo se expondrán los casos en los que haya una Declaración de Impacto Ambiental.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos del KARSO, Abel Vale, afirmó que "el RC22 no le conviene al País porque además de no cumplir con las leyes vigentes, le quita derechos a la ciudadanía, favorece la secretividad y la falta de transparencia, y pone en peligro nuestras costas, las zonas residenciales, las áreas naturales y las del Carso. Ha quedado demostrado que esto no conduce a una verdadera mejoría social y económica, sino lo contrario".

Por las razones expuestas, en el documento preparado por el licenciado Saadé junto a sus estudiantes de la Sección Ambiental de la CLA, Carolina I. Barnés, Kimberly Machado Fernández y Javier I. Sarraga Díaz, en representación de Ciudadanos del KARSO, se le propuso a la Junta de Planificación la creación de una nueva versión del RC22 que cumpla con los requisitos de ley, y protejan las zonas naturales.

Junta de Planificación comienza proceso para la preparación de un nuevo Reglamento Conjunto 2022