Descarga el documento: United States v. Three (3) pieces of jewelry appraised at $28,470.00 et al 

Contra Juan Quiñones Meléndez pesaba una orden de arresto por posesión de una ametralladora. Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) FBI y del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos lo esperaban en las afueras de su comunidad, de la que salió en compañía de Orlando Mojica Rodríguez en una Toyota 4Runner. Lo siguieron. La 4Runner se detuvo y los agentes la rodearon con sus vehículos. El conductor puso la 4Runner en reversa y chocó una de las patrullas. Los ocupantes fueron arrestados al momento.

Al realizar el arresto, a Quiñones Meléndez se le confiscó una cadena grande de plata, un reloj plateado y negro, y una sortija grande de plata que llevaba puestas, valoradas en $28,470. Del vehículo donde este se encontraba, le confiscaron $3,414.28 en efectivo.

Al ser procesados, los arrestados indicaron que se hallaban desempleados. Quiñones Meléndez no rindió planillas desde el 2003 al 2012 y admitió que no tenía empleo desde el 2003.

Además de las prendas y el efectivo, los oficiales hallaron 4 armas de fuego, un chaleco antibalas y 6 cargadores de munición. En el celular de Quiñones Meléndez había fotos de grandes cantidades de efectivo y armas de fuego. En adición, el vehículo en que viajaban había sido reportado robado y en casa de Quiñones Meléndez encontraron 8 vehículos de motor, de los cuales 2 habían sido reportados robados.

El reclamante, Quiñones Meléndez, alega que en su denuncia, el gobierno no ha establecido un nexo causal entre la propiedad confiscada y un delito de drogas. En la orden y opinión, el juez Daniel R. Domínguez explica que en las denuncias para la confiscación de propiedad, se deben alegar hechos suficientes que sostengan la creencia de que dicha propiedad esta sujeta a ser confiscada.

Tomando la totalidad de las circunstancias, el Tribunal de Distrito determinó que hay evidencia abrumadora para sostener la confiscación de las prendas y el efectivo que reclama Quiñones Meléndez, por ser muy probablemente adquiridos como parte de su empresa en el narcotráfico.

El juez Domínguez puntualiza sobre el hecho de que el reclamante, mientras está desempleado, anda en posesión de prendas valoradas en más de $28,000 dólares. Indica que por esto es razonable creer que su despilfarro de dinero está conectado con actividades de narcotráfico. En adición, el argumento se sostiene aún más cuando el reclamante posee armas ilegales y municiones, las que utilizan narcotraficantes comúnmente.

Reseña por el Lcdo. Cristian González