A mayor las penas por actos criminales, menos personas delinquiendo.

Esa ecuación, que es la premisa principal en la que se cimenta la reforma del Código Penal, fue cuestionada hoy por tres expertos en el tema de la drogadicción que participaron de las vistas públicas de la Comisión Conjunta Permanente del Código Penal.

El Código Penal propuesto eliminaría la alternativa de reclusión, que es la restricción terapéutica y la imposición de penas fijas sin discreción del juez. Es decir, la discreción del juez para enviar a la persona que comete un delito a un programa para tratar la adicción a las drogas, en caso de determinarse que la persona juzgada tiene ese vicio.

La vista pública no estuvo exenta de un exabrupto del representante Héctor A. Torres Calderón quien, tras llegar dos horas tarde a la vista pública, cuestionó de manera enérgica a la catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Carmen Albizu García, quien era una de las deponentes.

Ella junto al médico y especialista en medicina contra la adicción, Ángel González Carrasquillo y el sicólogo, Salvador Santiago, argumentaban que un enfoque punitivo en el Código Penal llevaría más gente a la cárcel -con las consabidas enfermedades que padece la población penal- y no la rehabilitaría. Afirmaron que aunque la persona cometa un delito padece de una enfermedad crónica que es la adicción. Morales, por su parte, exigió a la profesora que le dijera dónde en el proyecto se «penalizaba» a las personas que, en vez de recibir tratamiento médico, se encarcelaban. Tal fue el altercado, que el representante se marchó tras estar allí sólo 15 minutos y el representante, Charlie Hernández, «por verguenza ajena» decidió pedirle una disculpa a la deponente.

"Sugerimos se modifique la dirección de esta reforma del Código Penal, en pro de la salud y la seguridad de la comunidad", dijo el médico González Carrasquillo.

El trío de médicos argumentó, con estadísticas en mano, que el efecto de un cambio en el Código Penal hacia un enfoque más punitivo sería el aumento de personas usuarias de drogas encarceladas. Recalcaron que eso será más patente si se considera que en la Isla sólo hay servicios o tratamientos para combatir la adicción para un 8%.

Albizu García enfatizó en las consecuencias y los gastos que implican enecarelan a usuarios de drogas en vez de proveerles ayuda para su problema crónico de salud. Abundó en los beneficios marcados de la buprenorfina, cuya pastilla tiene un costo de $7 aproximadamente, en contraste con el millonario costo que puede representar para el Estado un sólo confinado.

Por: Gloria Ruiz Kuilan (vía endi.com)