Por Daniel Rivera Vargas

La directriz del presidente Joe Biden de excarcelar a convictos federales por delitos de posesión de marihuana es una decisión que puede ayudar a mucha gente y un buen paso hacia una despenalización, dijo el abogado Diego Alcalá, quien el 90% de su litigación es en penal y ha sido profesor del tema en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR).

«Creo que es un paso, ciertamente como abolicionista, pero entiendo que es importante para reducir la dependencia del sistema criminal legal como instrumento exclusivo para atender problemas de salud pública. Es un paso, no estoy satisfecho. Esta orden no aplica a personas que no son ciudadanos, que no tienen documentación y que son los más que se pueden beneficiar. En teoría no hay personas presas a nivel federal», sostuvo Alcalá.

El presidente Biden anunció tres pasos en el tema de la marihuana:

1. Perdonó las condenas de cárcel de todo condenado federal por posesión simple de marihuana.
2. Exhortó a los gobernadores de los estados a imitarlo.
3. Instruyó al secretario de Justicia Merrick Garland y al Departamento de Salud a revisar la clasificación de marihuana bajo leyes federales.

«Nadie debería estar preso por posesión de marihuana», dice Biden en un video difundido en sus redes sociales.

El presidente resalta en el video que las minorías raciales como los negros y los hispanos son arrestados y procesados a un ritmo mayor que los blancos; y que en muchos estados ya se ha legalizado la posesión de esta sustancia.

«Para todos los efectos, lo que hizo el presidente fue eliminar las condenas de las persona que han sido convictas de posesión simple de marihuana, lo que tiene un impacto directo en teoría para que los que estén encarcelados salgan y los que ya han salido se les borre sus delitos de sus antecedentes, eliminando así cualquier impedimento que está recibiendo como consecuencia a esa convicción. Una persona con una condena por marihuana puede por ley ser privada de beneficios federales. Por ejemplo,  la regulación de vivienda federal contempla que una persona con una condena está obligada a salir del residencial, no solo el titular sino cualquier persona que resida en esa residencia... pueden botar a la familia entera», sostuvo Alcalá.

Aunque Biden pidió a los gobernadores que emulen su decisión, el gobernador Pedro Pierluisi no ha anunciado que lo hará, mientras que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli dijo que seguirá la política pública y que procurarán un enfoque salubrista.

Alcalá lamentó la posición del gobernador. Dijo que no se trata solamente de dejar fuera de la cárcel a los acusados por marihuana, sino que es importante limpiar los antecedentes penales para evitar los «efectos colaterales» de pasadas condenas por posesión de marihuana.

El abogado dijo que la opción de que los convictos con antecedentes sean los que soliciten ser condonados de sus récords penales o condenas no es la ruta apropiada porque actualmente este proceso se rige por la Orden Ejecutiva 2021-083 y, según la han explicado abogados que han usado el mecanismo, «es un proceso bien, bien, difícil, en términos de tiempo, documentación, es un proceso más complejo de lo que había antes... ha establecido una serie de barreras para ser elegibles».

«Yo no entiendo que sea una postura salubrista. Salubrista sería instruir al Departamento de Justicia que no procese a esas personas y usar ese dinero para proyectos de rehabilitación para esas personas. Estaría eliminado barreras para que esas personas convictas se les haga más fácil conseguir empleos, residencias», sostuvo Alcalá.

«Estas personas lo que necesitan es un tratamiento médico», agregó.

Alcalá también dijo que hubiera sido preferible que, al tratarse de una acción presidencial mediante Orden Ejecutiva, que hubiera ordenado la excarcelación en otro momento de su administración, para «disipar dudas» sobre las intenciones de la acción presidencial, esto ante la cercanía de elecciones de medio término el mes próximo en Estados Unidos.

También dijo que hubo muchas personas que perdieron su empleo al inicio de la administración Biden porque tenían condenas pasadas por uso de marihuana.