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El Senado de Puerto Rico aprobó por unanimidad el Proyecto del Senado 1085 que busca enmendar la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores a fin de ampliar la responsabilidad que se impone a los familiares por el abandono de los adultos mayores en instituciones médico-hospitalarias.

Lee la medida aquí.

Según se desprende de la exposición de motivos, recientemente en Puerto Rico se ha dado un marcado incremento en la cantidad de adultos mayores que son abandonados por sus familiares en instituciones médico-hospitalarias luego de haber recibido el alta médica. 

Según estadísticas suministradas por el Departamento de la Familia, al 10 de agosto de 2022 se habían registrado 709 reclamaciones por parte de instituciones médico-hospitalarias públicas y privadas del país, lo cual representa un aumento de la cifra registrada entre los años 2017 y 2018, que era de 285 casos. 

Actualmente, la Ley Núm. 121-2019 conocida como Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores  establece un ordenamiento legal para la protección y cuido social de esta población.

El proyecto de ley aprobado en Senado tiene como propósito adoptar una normativa más rigurosa para obligar a las instituciones gubernamentales a procesar a los familiares que incumplen sus responsabilidades, por lo que dispone la creación de un protocolo para el manejo de estos casos y de identificación de familiares responsables por el traslado del adulto mayor una vez ha recibido el alta médica de la institución médico-hospitalaria.

Se incorporan  enmiendas para incluir el abandono como una modalidad análoga al maltrato físico o emocional y se utiliza como modelo la definición de abandono provista en el Código Penal de Puerto Rico.

De esta forma, se dispone que toda persona a quien esté confiada una persona de edad avanzada o incapacitada, que no pueda valerse por sí misma, que la abandone en cualquier lugar con el propósito de desampararla, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 3 años.

Cuando por las circunstancias del abandono se pone en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 8 años.

De igual forma, se impone al familiar responsable del adulto mayor la obligación de resarcir al Estado los gastos incurridos por el cuido y su manutención con posterioridad al alta médica, y se ordena un mecanismo de notificación al Departamento de Justicia para alertarlos sobre la posible comisión del delito de abandono de personas de edad avanzada e incapacitados.

El proyecto de ley, de la autoría de los senadores Javier Aponte Dalmau y Ramón Ruiz Nieves, con la coautoría del senador Albert Torres Berríos, pasa ahora a la Cámara de Representantes para su consideración.