Por Daniel Rivera Vargas

En el contexto de un caso de pena de muerte, hay diversos mecanismos que se activan, tanto para el ministerio público como para la defensa, siendo uno de ellos el del especialista en mitigación, una persona que tiene el trabajo de montar el rompecabezas social, físico y emocional de la persona acusada.

«La especialista de mitigación es la persona designada para desarrollar todos los factores mitigantes para esencialmente salvarle la vida al cliente y que no lo condenen a la pena de muerte», contó a Microjuris.com la abogada Mayte Bayolo, quien desde el 2012 ha intervenido en más de 10 casos en este tema.

La pena de muerte fue abolida en Puerto Rico en 1929 y prohibida en la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952, pero desde hace casi dos décadas hay juicios de pena de muerte en la isla en virtud de la Ley federal de pena de muerte de 1994.

En Puerto Rico se han celebrado cerca de media docena de casos de pena de muerte, con varios veredictos de culpabilidad, pero nunca se ha impuesto la pena capital.

El tema de la pena de muerte reaparece en Puerto Rico a la luz del asesinato de la joven Keishla Rdríguez. Según una denuncia federal, fue manos de exboxeador olímpico Félix Verdejo.

La abogada explicó que el especialista de mitigación es una herramienta que se activa desde que la fiscalía federal formaliza, en cumplimiento con disposiciones de ley, que hay un caso en el que podrían buscar la pena de muerte.

La defensa contará con un equipo de al menos cinco a seis personas, incluyendo al especialista en mitigación, equipo que desaparecerá si finalmente desde Washington DC se resuelve que no procede buscar la llamada pena capital.

Bayolo, que aclaró que no todos los especialistas en mitigación son abogados, dijo que el rol es crear «un historial social" de la persona acusada desde su infancia.

Incluso, se busca información de sus padres y hasta de sus abuelos, así como de figuras importantes como, en el caso de Verdejo, sus pasados compañeros del cuadrilátero y sus entrenadores. También hablarían con sus maestras y maestros, con trabajadores sociales, consejeros, familiares y vecinos.

«Se hacen muchas investigaciones de campo», indicó Bayolo.

«Es una investigación bien exhaustiva. A veces incomoda a los familiares (del acusado)», añadió.

También se buscarían agencias de gobierno para identificar documentos como los médicos y los educativos.

«Se hace una recopilación de documentos enorme, es una investigación compleja», dijo Bayolo, quien agregó que en este caso, pueden ser afectados por la reducción de servicios del gobierno a causa de la pandemia por COVID-19.

También se buscan especialistas que puedan hablar de la persona acusada, como profesionales médicos o de la conducta, como especialistas en peligrosidad futura, que puedan despachar cualquier alegación del ministerio público de que esa persona, aún tras las rejas, sigue siendo peligroso.

Bayolo entiende que los resultados de esta investigación a veces son claves para salvar a una persona.

Por ejemplo, en el caso de Javier Jiménez Benceví, dijo que se logró que el jurado votara unánimemente por un veredicto de vida luego de que se probaran factores como que desde niño era dejado encerrado y amarrado dentro del apartamento en el residencial en el que vivía, esto a manos de su padre, quien a veces también lo golpeaba.

En el caso de Alexis Candelario, imputado por la matanza en La Tómbola, Bayolo dijo que entre otros factores mitigantes que aparecieron es que vivía junto a 11 hermanos y todos los varones se quedaban en calzoncillos todo el día viviendo en un cuarto, fuera de la casa principal y que estaba ubicado al lado del árbol que era usado como punto de drogas de la comunidad.

Asimismo, dijo que en otros casos se ha encontrado que estos acusados sufrieron lesiones cerebrales cuando eran menores de edad, que eran producto de relaciones incestuosas de sus padres.

No se trata, dijo, de que estas personas no enfrenten el sistema justicial, porque dijo que cuando se trata de casos de posibles juicios de pena de muerte, incluso las alegaciones preacordadas, donde el acusado logra un acuerdo con fiscalía para declararse culpable, implican que las personas cumplirán 40 a 50 años de cárcel.

Y en los casos en los que no hay acuerdo, si es hallado culpable, la condena es de por vida.

«La diferencia es cómo te vas a morir: si vas a morir de viejo en la cárcel o a manos del Estado», sostuvo.

Sobre el tema de las alegaciones preacordadas, Bayolo mencionó que no se considera un factor mitigante que el acusado haga una admisión de culpa. Puntualizó que una persona acusada no admitiría los hechos sin un acuerdo negociado con la fiscalía.

La persona experta en mitigación es parte de un proceso judicial que se torna extenso y muy costoso, tanto que la abogada Bayolo mencionó que hay estudios que indican que esos juicios de pena capital cuestan más que mantener a la persona acusada con vida el resto de sus días en prisión.

«Yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte. Creo en el proceso de ley y la Constitución, y ser un especialista en mitigación estás elevando la Constitución a su máxima potencia, porque estás salvando la vida de una persona, no importa el delito que haya cometido. Al fin y al cabo, esa persona hallada culpable no va a salir el libertad, va a cumplir en prisión», indicó Bayolo.

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