Por Daniel Rivera Vargas

Uno de los abogados que lleva el caso de un grupo de galleros en el foro detalló los argumentos presentados en un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la que esperan revertir la prohibición federal a las peleas de gallos.

El abogado Félix M. Román Carrasquillo, uno de los letrados que lleva el caso, indicó que el argumento principal es que el gobierno federal no debía prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico bajo el argumento de violación al comercio interestatal, porque este tipo de eventos deportivos es un evento totalmente local y en el que no participan otros estados.

Igualmente, Román Carrasquillo enfatizó que las peleas de gallos están reconocidas como un asunto cultural, y que esto está reconocido a nivel nacional e internacional.

«Como está el Morro, los gallos están reconocidos como algo cultural en el departamento del interior y en la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Esto no es algo de la manga», indicó el letrado.

«Estamos claros que el Congreso puede regular el comercio interestatal, pero hay unos casos que señalan que asuntos culturales el gobierno no puede intervenir», agregó el letrado.

El certiorari del grupo de galleros es un recurso de 41 páginas que se presentó el pasado viernes y se cuestiona si el Congreso tiene el poder bajo la cláusula de comercio de prohibir las peleas de gallos.

Previo a los planteamientos en derecho, hay un resumen histórico que recuerda cómo las peleas de gallos llegaron hace cientos de años por vía de la anterior dominación española, y que en la actualidad en Puerto Rico estos eventos son considerados «un derecho cultural de todos los puertorriqueños».

«Como las carreras de caballos en Kentucky, rodeos en Texas y la cacería en Montana, las peleas de gallos están profundamente arraigadas en la historia, la cultura y la tradición de la isla», es parte de los argumentos del certiorari.

El certiorari recuerda que por mucho tiempo, la ley federal respetaba la práctica de los gallos en el archipiélago, pero que repentinamente en el 2018 fue prohibida. Citando artículos de medios como NPR, el recurso repasa como la prohibición fue como «una bomba» y hubo una unión de todos los poderes políticos de Puerto Rico en apoyo a esta industria.

El recurso legal reconoce argumentos como la crueldad contra los animales, que fueron esbozados al momento de prohibir las peleas. Sin embargo, plantean que, al amparo del derecho, eso no le corresponde en esta instancia al gobierno federal.

«El Congreso criminalizó la práctica porque los legisladores federales lo reconocieron barbárica e inhumano. Pero este juicio no le corresponde al Congreso. La Cláusula de Comercio está limitada en alcance porque los (padres) creían que las vidas, libertades y propiedades de la gente debían ser gobernadas por aquellos ‘más locales y más responsables que una burocracia federal distante'».

Estatus de la petición

Aún no se sabe si el recurso será atendido por el Supremo federal, un foro que solo acoge el 1% de los recursos discrecionales que llegan ante su consideración.

Si el alto foro no revoca los fallos previos, prevalece la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, que declaró no ha lugar este recurso y mantuvo vigente la actual prohibición a las peleas de gallos.

En la entrevista a Microjuris, Román Carrasquillo reconoció que el certiorari es un asunto discrecional, pero entiende que la forma en la que se ha presentado el caso puede convencer al Tribunal Supremo de que este asunto merece atención a nivel nacional.

El abogado dijo que una decisión del Tribunal Supremo revocando la prohibición a las peleas de gallo no solo representa el que los aficionados a estas competencias sigan disfrutando de este evento cultural, pero también que le devuelve un método de sustento a muchas familias.

Román Carrasquillo dijo que se ha triplicado el cúmulo de familias que antes no solicitaban ayudas al gobierno federal y que lo han tenido que hacer sin sus trabajos asociados a la industria gallística. El abogado ofreció como ejemplo que uno de los demandantes, Faustino Rosario Rodríguez, de Carolina, por primera vez ha tenido que solicitar Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al quedarse sin su empleo en la industria de gallos.

«Aquí hay muchas familias que se han visto afectadas», lamentó el letrado.

Afirmó que, como Faustino, pueden haber 20,000 familias.

¿Ya te suscribiste a Microjuris?