Por Daniel Rivera Vargas

Un gigante delgado, blanco, de barba bien cuidada, de semblante digno, se proyectó inmenso al fondo del salón. El caballero dibujado con músculos definidos cargaba en sus manos, así como sobre su cabeza y espalda, a cinco criaturas enanas de color negro, algunos con rostros burlones o molestos. En calzoncillos. Y con banderas de Estados Unidos.

Una de esas banderas decía «Porto Rico».

Se trata de una caricatura política de principios del siglo pasado, que se exhibió el jueves, 10 de noviembre de 2022, por algunos minutos en un salón del hotel Embassy Suites, de Isla Verde, en Carolina, como evidencia de la imagen que había en sectores de Estados Unidos para la época en que se aprobaron los Casos Insulares, la doctrina de casos racistas, que legalizó el trato diferente a los residentes de los territorios, como Puerto Rico, del resto de los estados.

Por cerca de dos horas, abogados participantes del panel «The Impacts of Unequal Treatment for Puerto Rico and the U.S. Territories: The Insular Cases, Territories Clause and Recent Supreme Court Cases» discutieron el contexto histórico y las repercusiones de los Casos Insulares, y que fue parte de los foros presentados por la conferencia en Puerto Rico de la organización no gubernamental estadounidense Somos, enfocada en la defensa y promoción de los temas de la comunidad hispana en Estados Unidos.

El evento se celebra entre el miércoles,  9 de noviembre al domingo, 13 de noviembre.

«La última meta es asegurarnos que la gente de los territorios tenga los mismos derechos que las personas en los estados, así que puedan recibir SSI (Seguro Social Complementario), disfrutar de ciudadanía, que tengan la oportunidad de votar (por funcionarios federales). Cuando me monté en el avión (para viajar a Puerto Rico) tenían esta calcomanía que decía ‘yo voté’, pero al llegar dije ‘creo que me lo debo quitar. Esto debe ser odioso aquí ‘», contó Sherry Levin Wallach, presidenta del New York State Bar Association, una de las participantes del foro.

En el panel también participaron la jueza asociada del estado de Nueva York, Lizbeth González; Mirna Martínez Santiago, copresidenta del ‘Task Force’ sobre los territorios de Estados Unidos; y Neil Weare, presidente y fundador de la organización ‘Equally American’, además de uno de los abogados del caso ‘Fitisemanu’, el esfuerzo más reciente para revocar la doctrina de Casos Insulares.

La jueza González abrió el panel con un breve resumen histórico sobre Puerto Rico, como los españoles al iniciar la conquista en 1493 y la esclavitud y maltrato que le dieron a los taínos, luego se pasó al control de Estados Unidos en 1898 y cómo la ciudadanía americana en 1917 no vino acompañada con igualdad de derechos.

En ese proceso, recordó la jueza, se emitieron las primeras decisiones de los Casos Insulares, en las que los jueces del Supremo federal exhiben las nociones racistas de la época, donde la raza era un impedimento para ser ciudadano.

«Sean salvajes o civilizados, las consecuencias serían extremadamente serias», decía uno de los casos al referirse a los residentes de los territorios adquiridos en aquel momento por la Guerra Hispanoamericana, como era el territorio de Puerto Rico.

No se trata solo de un triste episodio histórico, sino que el legado de los Casos Insulares permanece hoy, dijo la jueza.

En el panel vincularon los Casos Insulares a situaciones como, por ejemplo, la restricción para que llegaran a la isla ocho buques con ayuda luego del paso del huracán María y el buque con diésel tras el azote de Fiona, o la denegación de millones de dólares en ayuda para personas pobres y discapacitadas porque la Isla no recibe el Seguro Social Complementario (SSI, por sus siglas en inglés), eje del caso reciente del Tribunal Supremo federal que abordó en opiniones no mayoritarias el tema de los Casos Insulares.

«¿Qué ha cambiado desde los taínos, que eran considerados subhumanos por los españoles..., y en 1917 se convirtieron en ciudadanos americanos (pero) de segunda clase», sostuvo la jueza?

Por su parte, Weare dijo que los residentes de los territorios -Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes estadounidenses, Islas Marianas del Norte, y Samoa Estadounidense??- se afectan de diferente manera con los Casos Insulares, lo que a veces genera división entre sus residentes.

En Fitisemanu, por ejemplo, el reclamo al Supremo federal era revocar Casos Insulares porque los residentes de Samoa no tienen ciudadanía americana.

«Esto ha llevado a una batalla entre los territorios, a pelear por migajas, en vez de luchar juntos en contra de este sistema de tratamiento de segunda clase», sostuvo el letrado. «Estados Unidos tiene un problema de colonias, no lo requiere reconocer, no quiere hacer nada al respecto».

Pero es un problema que comienza a ventilarse públicamente porque, según Weare, criado en Guam, se está viendo en la actualidad un tipo de «segunda ronda» de Casos Insulares, en el que el Supremo está evaluando casos sobre Puerto Rico y los territorios, en los que ha habido expresiones en contra de los Casos Insulares, pero no se ha llegado al punto de revocarlos.

En el caso de la isla, algunos casos recientes donde se discute el tema del trato diferente a la isla son Sánchez Valle, sobre la soberanía, Aurelius, sobre el poder de la Junta de Supervisión Fiscal, en cuyos nombramientos ni hubo consejo y consentimiento, y Franklin, donde se denegó que se pudiera legislar una ley de quiebra criolla, y Vaello Madero, donde acusaron a un hombre pobre por recibir en la Isla $20,000 en ayudas de SSI a la que tenía derecho en Nueva York, pero no en Puerto Rico.

«Esto es sorprendentemente inmoral. No tenía la fiscalía federal nada mejor que hacer que acusar (por esas ayudas de SSI) a José Luis Vaello Madero», dijo Weare, quien entiende que el monto de las ayudas sociales denegadas a Puerto Rico podría ser similar a la enorme deuda fiscal de la Isla.

«¿Está bien como asunto constitucional denegar beneficios solamente por el lugar donde viven?», cuestionó.

Weare lamentó también que la administración Biden, que en campaña alega defender la paridad para Puerto Rico, tenga a abogados en el Departamento de Justicia federal para levantar argumentos de derecho basados en los Casos Insulares.

«Aunque dicen que no avalan los Casos Insulares, los actos hablan más que las palabras: continúan creando una ciudadanía de segunda clase, un sistema colonial en Puerto Rico», sostuvo.

Luego, a preguntas de una persona en el panel, la jueza dijo que cambiar la doctrina de los Casos Insulares requiere voluntad.

«Racismo es racismo, donde quiera que sea, la opresión es opresión. Debemos hacer algo sobre eso», dijo González, de origen puertorriqueño.

Mientras que Wallach, presidenta estadounidense del NYSBA, dijo que su organización promueve la educación como herramienta para ayudar a derogar los Casos Insulares.

Están desarrollando iniciativas internas para la comunidad jurídica de Nueva York, pero además exhortó a las personas presentes que piensen en iniciativas en lugares como escuelas. También fomentaron una reciente resolución de la American Bar Association en contra de estos casos, y apoyan la resolución 279 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que rechaza el tono racista de los Casos Insulares.

«La gente no sabe que si te mudas a Puerto Rico no puedes votar», sostuvo Wallach.

Por otro lado, la hondureña residente en el Bronx Mirna Martínez Santiago, dijo que la gente que vive en los territorios debería tener todos los derechos que se tienen en los estados, cuando en la realidad un estadounidense que vive en un estado se muda a Europa, puede solicitar votar por el mecanismo de voto ausente, pero si te mudas a Puerto Rico, o Guam no puedes votar.

«La misión no solo es educar a gente como ustedes, sino que pongamos presión en nuestros congresistas y senadores para que apruebe legislación que ayude a la gente en los territorios», sostuvo Martínez Santiago.

La mujer, quien copreside un ‘Task Force’ del NYSBA dedicado a Casos Insulares, concluyó el panel leyendo parte de las expresiones del juez asociado del Supremo, Neil Gorsuch en contra de estas decisiones: «Ya es hora de reconocer la gravedad de este error y admitir lo que sabemos que es cierto: los Casos Insulares no tienen fundamento en la Constitución y se basan en estereotipos raciales».