El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto de la Cámara 1911, que enmienda el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, y exime del pago de contribución sobre ingresos los salarios que se paguen retroactivamente a los miembros del Negociado de la Policía, por concepto de aumentos en los tipos básicos de las escalas que aún se les adeuden, y según legislado con la Ley 227-2004.

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El primer ejecutivo señaló que ya ha destinado $122 millones para pagar dicha deuda en busca de honrar el aumento legislado y además, les proveerá el beneficio adicional para que el aumento esté exento de contribuciones.

Dicho proyecto fue radicado bajo la autoría de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, el 20 de diciembre de 2018 y referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervision, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) de dicho cuerpo legislativo. De igual forma también fue trabajada por la Comisión de Hacienda en el Senado.

Junto con la firma de esa medida, el primer mandatario también firmó el Proyecto de la Cámara 2140 que enmienda la Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber y amplía las circunstancias por las que un miembro de la Policía de Puerto Rico tendrá derecho a recibir una pensión por incapacidad ocupacional.

Este proyecto, también de la autoría de la delegación del PNP en la Cámara, fue radicado el 30 de mayo de 2019 y referido a la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano. Dicho proyecto permite que los miembros de la policía puedan solicitar pensión por incapacidad ocupacional y no ocupacional, una vez agotados en su totalidad el término y beneficios otorgados bajo el programa de la póliza vigente.

Según se informó, aunque los policías tienen una cubierta por incapacidad ocupacional, la misma solo se activa en instancias demasiado específicas, las cuales excluyen la mayoría de los accidentes que pudieran sufrir en su profesión.

Finalmente, el primer ejecutivo firmó el Proyecto de la Cámara 799, que crea la Ley de Retiro del Personal del Gobierno, el cual aumenta a 62 años la edad de retiro obligatoria de los policías y bomberos.

Sobre esta firma, Rosselló Nevares sostuvo que en la actualidad los servidores públicos de alto riesgo tienen una edad de retiro obligatoria de 58 años, lo que ha provocado que agentes y bomberos en perfectas condiciones de salud tengan que retirarse, en ocasiones sin cumplir los requisitos para recibir una pensión. Sin embargo con esta ley, se le permitirá a aquellos policías y bomberos que cumplan los 58 años, pero que aún puedan cumplir físicamente con los requisitos de su puesto, poder solicitar que se les extienda su carrera en el servicio público.

Dicho proyecto de ley es de la autoría de los representantes Joel Franqui Atiles, Félix Lassalle Toro, José Pérez Cordero y Abid Quiñones Irizarry.

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