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Por Perla del Mar Rodríguez Fernández

La firma del gobernador Pedro R. Pierluisi al Proyecto de la Cámara 1745, conocido como la «Ley para Facilitar la Implementación del Trabajo a Distancia en la Empresa Privada y para Incentivar el establecimiento de bases de operaciones aéreas en Puerto Rico», ha generado opiniones encontradas.

La nueva ley permite, entre otras cosas, que patronos sin presencia ni negocios locales que recluten personas domiciliadas en Puerto Rico para que trabajen a distancia desde el archipiélago no tengan que cumplir con la legislación laboral local y las relaciones de empleo se rijan únicamente por el contrato de empleo, a menos que se disponga expresamente lo contrario.

La aplicabilidad de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, la Ley de Beneficio por Incapacidad Temporal y la Ley del Seguro para Chóferes y otros Empleados estará condicionada a que el patrono provea una cubierta igual o superior a la establecida por dichas leyes.

La ley aplicará cuando el empleado

1. esté clasificado como ejecutivo, administrador o profesional bajo el Fair Labor Standards Act (lo que generalmente conocemos como empleado exento) y la reglamentación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos;
2. la persona empleada está domiciliada en Puerto Rico;
3. el patrono está cubierto por la Ley; y
4. la persona empleada ejecuta su trabajo a distancia

Por un lado, el Lcdo. Jaime Sanabria explicó que se trata de una «medida de avanzada con efectos potenciales positivos para nuestra isla. Incentiva el regreso de trabajadores a nuestro territorio, promueve la circulación y permanencia de sus ingresos en la isla y ayuda a nuestra economía».

De acuerdo con Sanabria, los «futuros esfuerzos de legislación deben concentrarse en atender los temas de Inteligencia Artificial, protección de datos y uniformar nuestro andamiaje laboral a través de la creación de un Código».

Más personas podrían volver a Puerto Rico trabajando remoto

Sin embargo, para la Lcda, Natalia Alexa Colón, la nueva ley levanta inquietudes. Entre otras cosas, la abogada con práctica laboral sostuvo a Microjuris que esta legislación se trata de un spin-off de la Ley Núm. 52-2022 y que es misleading en su título porque no abarca el sector privado en su totalidad, sino únicamente a personas naturales o jurídicas que recluten personas domiciliadas en Puerto Rico sin tener presencia ni negocios locales.

La abogada subrayó que la ley crea una desventaja comercial para empresas locales y foráneas que sí hacen negocios en Puerto Rico.

Colón explicó que la legislación crea mayores presiones a los empresarios nativos o foráneos que decidieron hacer negocios en Puerto Rico, porque tienen que competir con empresas que no conocen, ya no habrá un registro. «El legislador decidió que los pocos derechos de los empleados exentos en Puerto Rico se daban por renunciados», puntualizó.

Además, la abogada subrayó la ley no expone el foro donde se dilucidarán las controversias relacionadas a la ley.

Entre algunas ejemplos, Colón señaló que la nueva legislación presenta un reto al analizarla conjuntamente con leyes como la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley sobre despidos injustificados. ¿Por qué? La llamada Ley 80 declara irrenunciable el derecho a recibir la indemnización de una persona empleada que fue despedida de su cargo, sin que haya mediado justa causa. Sin embargo, la nueva ley plantea que las relaciones de empleo contempladas bajo la legislación se regirán únicamente por lo acordado en el contrato de empleo.

Una de las enseñanzas que, desde el crisol de la abogada, nos deja esta nueva ley es que cada vez que se vayan a desarrollar medidas de este tipo, es indispensable consultar a personas con experiencia en el tema. «Aquí hay personas con capacidad y buena fe.

Si son temas que inciden en las relaciones laborales, es necesario consultarlas para poder obtener el mejor producto legislativo», puntualizó la abogada.

«Esta ley es desbalanceada e injusta en costos, porque de buenas a primeras ahora tenemos que competir con entidades que no tienen que cumplir con nada. Eso propicia el incumplimiento. Las empresas que cumplen van a preguntarse mil veces por qué están cumpliendo», puntualizó Colón.