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El abogado ambientalista Alberto Valentín explicó a Microjuris.com que la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en County of Maui v. Hawaii Wildlife Fund representa una oportunidad para las organizaciones ambientales en Puerto Rico que conozcan de empresas que estén contaminando indirectamente los cuerpos de agua.

La opinión resuelve que cualquier entidad, organización, compañía que almacene o tenga contaminantes que desemboquen en cuerpos aguas subterráneas y desemboquen luego en un cuerpo de agua navegable también tendrá que solicitar el permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES, por sus siglas en inglés) de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Valentín, no importará las millas de distancia si se prueba que el contaminante termina en un cuerpo de agua navegable.

«Cualquier compañía que esté cerca de un cuerpo de agua y se demuestre que está contaminando los ground waters a través de contaminantes en la tierra, va a tener que requerir un permiso. Se ha demostrado a través de las décadas que muchos contaminantes están llegando a través de aguas subterráneas y desembocan en agua navegable», opinó el abogado ambiental.

Valentín respondió que la decisión podría impactar casos en Puerto Rico como los que llevan organizaciones ambientalistas contra empresas señaladas por contaminar el aire, la tierra, el agua y la comida de las personas.

Un ejemplo que señaló el abogado fue el pleito que llevaron las comunidades en Guayama y Peñuelas contra una incineradora.

Aunque la Ley Núm. 5-2020 ahora prohíbe el depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón (incluso como relleno sanitario), el licenciado Valentín confía en que la opinión del Tribunal Supremo Federal le impondrá una carga adicional a las personas jurídicas que contaminen indirectamente el agua o a través de una fuente no puntual.

«Son muchas las compañías que contaminan indirectamente los cuerpos de agua. La gente no lo ve, pero la contaminación está», explicó Valentín.

El abogado adelantó que la EPA debe establecer pronto la reglamentación para requerirle el permiso de NPDES a las empresas que descarguen indirectamente contaminantes en los cuerpos de agua.

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