Por Daniel Rivera Vargas

En una notificación emitida por el juez Anthony Cuevas Ramos concedió 24 horas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que haga las gestiones necesarias para que se autorice el reciente aumento de jueces aprobado mediante una sentencia judicial, o que al menos se exprese a las alegaciones de que cumpla con esa sentencia.

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Al momento de redactar, la OGP no había cumplido con la orden emitida por Cuevas Ramos, según la Oficina de Prensa de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

Las gestiones para obtener una reacción de OGP resultaron infructuosas.

La génesis de esta orden fue una moción de uno de los demandantes, el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero. En el recurso de ocho páginas con fecha del 5 de diciembre, se alega que hubo comunicaciones entre la OAT y la OGP respecto a la transferencia de dinero para cumplir con el alza salarial, pero las comunicaciones subsecuentes entre la OGP y la Junta de Supervisión y Administración Financiera «no recoge adecuadamente el estado de derecho que quedó aclarado mediante la sentencia declaratoria emitida por este Ilustre Foro el 17 de noviembre de 2023».

En esa fecha se autorizó judicialmente el aumento salarial a los jueces.

Según la moción del demandante juez Marrero Guerrero, la comunicación de OGP es una carta en la que no se pide nada en concreto, no se menciona la sentencia del 17 de noviembre, y no se incluyen detalles sobre las nuevas escalas salariales de los miembros de la judicatura.

El juez con el sueldo más bajo, uno municipal, estará ganando $91,764 anualmente, mientras la jueza presidenta devengará $154,556, surge del documento.

«Es indispensable que la petición que realice la OGP incluya toda la información necesaria, conforme a la Sentencia emitida por este Ilustre Foro, de modo que la JSF pueda descargar formalmente su deber de evaluar si las referidas escalas salariales consignadas en el mencionado dictamen son consistentes con el Plan Fiscal y la Reforma de Servicio Público», se expresó en la moción, quien finalmente pide una enmienda a la solicitud de OGP a la Junta de Supervisión.

Tras este pedido, el juez Cuevas Ramos emitió una orden escueta: «Tenga la Oficina de Gerencia y Presupuesto el término final de 24 horas para cumplir con lo solicitado o exponer su posición»

No fue posible de inmediato obtener declaraciones de los abogados que radicaron el recurso, José Andreu Fuentes y Frank Torres Viada, representantes del juez Guerrero. Los otros demandantes son la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura.

En su sentencia del 17 de noviembre, el juez Cuevas Ramos se identifica a la OGP como el custodio de los fondos que permitirán el alza salarial, pero se requería que la Junta de Supervisión reprogramara los fondos.