Por Daniel Rivera Vargas

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) envío esta semana una nueva carta a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, en inglés) en aras de cumplir con la sentencia que autoriza un alza salarial a jueces y juezas, tras una notificación judicial emitida, en la cual se le daba 24 horas «para cumplir» con la información requerida.

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El juez Anthony Cuevas Ramos, quien emitió la orden ayer y la sentencia el 17 de noviembre, se expresó complacido tras la gestión de la dependencia del gobierno estatal.

«Entendemos que las cartas y anejos enviados a la JSAF deben ser suficientes para que estos procedan a emitir la autorización de la reprogramación de los fondos bajo custodia de la OGP», sostuvo en orden emitida hoy.

El juez también solicitó ser informado sobre la posición que adopte la Junta de Supervisión después de recibir la carta.

La carta de la OGP consta de una página y sostiene que en su comunicación inicial a la Junta de Supervisión del 28 de noviembre, incluyeron tanto la sentencia del juez Cuevas Ramos que ordena el aumento salarial como la tabla con los nuevos salarios de los jueces y juezas.

Según ha trascendido, el juez con el sueldo más bajo, uno municipal, estará ganando $91,764 anualmente, mientras la jueza presidenta devengará $154,556.

Bajo la vigente Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, estos jueces y juezas ganaban entre $20,000 y $30,000 menos anualmente ($125,000 el juez presidente y $69,600).

«Encarecidamente asesórenos si la Junta de Supervisión requiere información adicional para revisar la solicitud hecha por el Tribunal General de Justicia», lee la carta de OGP al ente fiscal creado por la ley federal PROMESA.

Además, la OGP presentó una moción ante el tribunal en la que anuncian la carta enmendada y, al mismo tiempo, refutan algunas de las alegaciones presentadas por el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, el demandante que solicitó la intervención del tribunal esta semana. Este último afirmó que la carta original a la junta no mencionaba la sentencia ni las nuevas escalas salariales, entre otros asuntos.

«Son falsas y engañosas las aseveraciones realizadas por la parte demandante, específicamente, cuando sostiene que la OGP no remitió a la JSAF la escala de salarios ni la sentencia emitida por este Ilustre Foro. De hecho, anticipando planteamientos erróneos como los realizados por la parte demandante, el Estado compareció mediante Moción Informativa en la Entrada Núm. 39 de SUMAC y se incluyeron dos anejos que acreditan la transmisión fiel y exacta de la carta de la OAT remitida a la JSAF por parte de la OGP. Solo podemos inferir que el propósito de las lamentables expresiones de la parte demandante, por conducto de su representación legal, es inducir a este Honorable Tribunal a error, pues el expediente judicial habla por sí solo», reza la moción.

Asimismo, la moción de la OGP señala que la sentencia del juez Cruz Ramos está dirigida no a ellos, sino a la Oficina de Administración de Tribunales.

«En sentido, es la OAT la entidad llamada a realizar las acciones afirmativas ante la JSAF para que se logre la reprogramación de los fondos en custodia de la OGP», se alega en la moción presentada por los abogados del Departamento de Justicia.

Los aumentos fueron aprobados mediante una resolución legislativa y contaban con el respaldo de la Junta de Supervisión, aunque estaban condicionados a la enmienda de la ley de la judicatura para incorporar la nueva escala salarial. Esta última establece los salarios vigentes para los jueces y juezas desde hace casi dos décadas.

Sin embargo, aunque había un proyecto de ley para esos aumentos, al cierre de la sesión legislativa la medida no fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado.

Entonces, el juez Marrero Guerrero y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura demandaron al gobierno reclamando el aumento de salario.

DOCUMENTO | OGP debe aclarar trámite sobre aumento salarial de jueces y juezas