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Por Daniel Rivera Vargas

Un caso federal que insiste en lograr paridad para Puerto Rico en fondos del Seguro Social Complementario (SSI, en inglés) se encuentra ante la consideración del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston y ante la jueza Laura Taylor Swain, quien supervisa la quiebra del gobierno local al amparo de la ley federal PROMESA.

«Una crisis humanitaria se ha estado desarrollando en Puerto Rico en años recientes», expone uno de los recursos.

Por un lado, en el escrito de 84 páginas ante Boston del pasado 30 de mayo se pide revocar una decisión del tribunal de distrito de Puerto Rico del caso Emanuel Rivera Fuentes, un puertorriqueño pobre y con impedimentos que encabeza al grupo de once demandantes en ese caso en condiciones similares, v. Kilolo Kijakaze, el actual comisionado de la Administración del Seguro Social.

Como parte del documento, se alega en el recurso apelativo que «no es vinculante» el precedente del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Vaello Madero, de 2002, que resolvió en contra de la aplicación de SSI en Puerto Rico.

Se alega que en el litigio Rivera Fuentes «el cuestionamiento constitucional presentado aquí es completamente diferente», e incluye un enfoque en la historia y la doctrina de los Casos Insulares, la serie de casos de principios del siglo pasado que anclados en visiones racistas autorizó el trato discriminatorio a residentes de territorios como Puerto Rico.

Una de las diferencias entre el caso ante el Supremo y el actual recurso es que «Vaello no considera la ciudadanía americana de los residentes de Puerto Rico», una que fue jurisprudencialmente construida como una «sin plenos derechos» para que no recibieran sus protecciones los «salvajes» que no estaban «absolutamente no preparados para recibirla», como escribió uno de los jueces supremos de principios de siglo pasado.

También se expone que en Vaello Madero no se considera el servicio de los puertorriqueños en las fuerzas armadas, que incluye que en Puerto Rico hay 330,000 veteranos, o más que 19 estados.

Se planteó asimismo que Vaello, de 2022, se resolvió en virtud de la quinta enmienda «del debido proceso» y el caso Rivera Fuentes es bajo la decimocuarta y su cláusula de privilegios e inmunidades.

Al adentrarse en los Casos Insulares, el recurso apelativo plantea que en realidad hay decisiones discriminatorias del alto foro federal desde mediados del siglo XIX, y algunas de ellas estaban vigentes «cuando Estados Unidos adquirió Puerto Rico de España en 1898».

El recurso apelativo concluye con una petición para que se revoque al tribunal de distrito o en la alternativa que se declare inconstitucional la sección de SSI que afecta a los residentes de Puerto Rico.

De otra parte, la moción de 14 páginas ante la jueza Swain del pasado 12 de junio es una objeción al Plan de Ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y se solicita la paralización de los procedimientos en lo que se resuelve la apelación a Boston.

Se expone que el plan de ajuste de la deuda establece un cargo llamado «legacy» por 35 años que, como tributo especial destinado al pago de deuda, «extraería miles de millones de dólares de los ciudadanos de Puerto Rico».

Se afirma que en este proceso no se consideran a las miles de personas que, como sus clientes, no reciben el SSI por el trato discriminatorio que recibe el archipiélago en comparación a otros territorios federales. Se indicó que se trata de cerca de $1,000 mensuales a unas 300,000 personas o unos mil millones de dólares anuales.

«Sin considerar las condiciones de vida de sobre 300,000 ciudadanos elegibles en Puerto Rico al SSI, esta corte o puede hacer justicia completa al momento de considerar el propuesto Plan de Ajuste», reza el recurso.

La moción invita a Swain a tomar conocimiento judicial del empeoramiento de las condiciones económicas del país usando enlaces de historias periodísticas.

«El cargo legado crearía caos en los ciudadanos elegibles al SSI que apenas subsisten en extremadamente precarias condiciones de vida. Como el cargo legado en sí, mientras conmociona toda la economía de Puerto Rico, causaría aumentos en precios de productos básicos como comida, ropa y albergue, así como cuidado médico y equipos de los que dependen los ciudadanos elegibles al SSI, estos ciudadanos serían adversamente afectados por el. Por tanto, los ciudadanos elegibles al SSI tienen un interés real en la adjudicación del Plan de Ajuste», elabora el recurso.

Al solicitar paralizar los procesos en la sala de Swain se argumenta que si se extendiera el SSI como parte del caso apelativo esto ayudaría a «evitar la crisis humanitaria que se desarrolla» en Puerto Rico.

Según trascendió el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó hasta el martes, 5 de septiembre para contestar la argumentación.