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Por Daniel Rivera Vargas

Con una ambiciosa agenda de trabajo, que incluye el diseño jurídico de una nueva dependencia pública, hoy el abogado Juan José Troche Villeneuve será anunciado por la administración Pierluisi como director ejecutivo de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico.

Egresado de la Universidad de Puerto Rico (UPR), padre de dos hijas y abogado de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), donde ayudó a crear la división de Servicios Orientados a la Representación y Defensoría de Sordos (SORDOS), Troche Villeneuve se expresa honrado de su designación que ocurre a pesar de su desvinculación a la política partidista y en la que espera continuar una trayectoria de muchos años luchando desde la abogacía en defensa de los sordos y procurando el insumo de esa comunidad para timonear lo que se convertirá en una nueva dependencia pública.

«Para mí es una gran responsabilidad. La importancia de este proyecto es que viene a atender una comunidad oprimida, marginada y segregada», sostuvo el letrado en entrevista con Microjuris desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

La Oficina se crea en virtud de la Ley 22 del 5 de agosto de 2021, como un asunto que hasta puede salvar vidas, según la exposición de motivos de la medida, que menciona en sus primeras líneas el caso de Janet Viera Grau, una joven sorda de Vega Alta que se suicidó hace unos años cuando el gobierno le quitó a sus hijos sin que contara con la asistencia de un intérprete.

«Ello ejemplifica la urgencia de reformular la atención a las necesidades de la comunidad sorda como un asunto apremiante de derechos humanos dirigido a salvar vidas y a erradicar la ignorancia institucional, no necesariamente intencional, que surge de la falta de una política pública transversalmente integrada», reza la exposición de motivos.

La ley menciona que se estima que hay más de 200,000 sordos en Puerto Rico. El abogado sanjuanero de 48 años dijo que entiende la importancia de dirigir en la etapa fundacional a esta oficina que atenderá a una población que puede ascender a medio millón de personas si se suman a los familiares de esa comunidad, que también podrían recibir algún servicio, por lo que dijo que espera recibir el insumo de la comunidad para dirigir esa dependencia. "No te niego que me asusta esta responsabilidad, implica vidas, la felicidad de unas personas, por eso quiero que sea el sordo quien empuje su destino", dijo.

Discrimen sistemático, continuo e institucional

El propósito de la oficina que dirige Troche Villeneuve es facilitar que la comunidad sorda reciba los servicios a los que tiene derecho, y que no recibe porque muchos ciudadanos no son capaces de comunicarse con ellos.

«Con mucho respeto, la primera barrera que enfrentan los sordos es la ignorancia de nosotros, los oyentes y el gobierno, sobre su sordera, su cultura, su idioma y su integración», sostuvo.

La creación de la oficina que dirigirá Troche Villeneuve, nombramiento que ocurre durante el Mes Internacional de las Personas Sordas, ocurre porque en Puerto Rico existía "una falta de política pública", y cuando se crearon las leyes orgánicas de las agencias de gobierno "lamentablemente se nos olvidaron nuestros sordos... Tienen un problema de invisibilidad jurídica", sostuvo Troche Villeneuve.

"Esto generó un discrimen sistemático, continuo e institucional", mencionó.

De hecho, la nueva Ley-22 de 2021 es un nuevo eslabón en el ordenamiento jurídico que poco a poco se va levantando a favor de esta comunidad, como la ley para que los tribunales tengan una política clara para atender a esta comunidad, y que anuncios del gobierno incorporen el lenguaje de señas.

No ha sido un camino fácil esta construcción legal, porque de hecho, originalmente la medida para crear esta oficina se presentó el pasado cuatrienio por el entonces senador Juan Dalmau, pero aunque obtuvo el apoyo unánime de la Cámara de Representantes y del Senado, la gobernadora Wanda Vázquez lo vetó.  En esta administración, volvió a ser radicado, esta vez por María de Lourdes Santiago, pero ahora sí fue convertido en ley por el gobernador Pedro Pierluisi.

Su camino a los sordos

Uno de los momentos en que Troche Villeneuve deja de sonreír durante la entrevista es cuando relata cómo se acerca a la comunidad sorda: el abogado tenía una hermana llamada María del Carmen, pero esta murió en un accidente de tránsito cerca de Plaza Las Américas.

Tras el fatal desenlace, Troche Villeneuve comienza a laborar como abogado para una firma de paramédicos, y una noche decide acompañar a los paramédicos, y le tocó asistir a alguien que estaba pillado en un accidente de tránsito, como el que le costó la vida a su hermana.

Sin embargo, en esta ocasión no hubo muertes, y con alguna asistencia del propio abogado, los paramédicos lograron salvar a las personas.

Esa experiencia con accidentes de tránsito llevó al abogado a apreciar el trabajo de los paramédicos. Por lo que, decide estudiar para técnico de emergencias médicas, para lo que incluso pasó dos reválidas. Poco después, el exgobernador Luis Fortuño firmó una ley que ordenaba que todo paramédico cogiera cursos de lenguaje de señas y en ese grupo estaba Troche Villeneuve, o sea "había un abogado cola’o". Fue un periodo de aprendizaje que hizo reflexionar al letrado.

 "Me dio vergüenza que siendo yo abogado no recordaba un solo derecho de la comunidad sorda", sostuvo. "Las escuelas de derecho, como otras profesiones, no nos preparan para atender a esta comunidad desatendida y marginada", agregó.

Entonces, Troche Villeneuve fue llevado a una actividad de baloncesto de la comunidad sorda en la que había "una hermosa comunidad" de unas 500 personas, y ahí alguien se le acercó un sordo con una consulta legal, la primera de muchas.

"Le resolví ese problema a esa persona sorda y fue como una red de personas que se acercaron con problemas de familia, de herencia, civiles, pero en otro idioma", mencionó Troche Villeneuve. "En Puerto Rico tenemos tres idiomas: el lenguaje de señas, el español y el inglés", sostuvo.

La nueva oficina

La oficina, avalada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) explica el designado, cuenta actualmente con un presupuesto de $300,000. La cifra es poca, pero será con la que empiecen y con el objetivo de nutrir de fondos adicionales a la dependencia, para lo que la ley provee que se cree un fondo especial que reciba aportaciones económicas, ya sea de otras agencias públicas como hasta de organizaciones no gubernamentales, dijo el nuevo funcionario público, quien se acogió a una licencia sin sueldo de SAL para asumir el cargo.

Aunque comenzaran operando desde una oficina en el Centro Gubernamental Minillas, la idea es que la sede sea una escuela en desuso, para que la oficina provea múltiples servicios para la comunidad sorda.

Además, deberán tener oficinas regionales en Arecibo, Ponce, Humacao, Mayagüez y Guayama. Entre las personas que contrataría, que incluiría a personas de esa comunidad, tendrán desde intérpretes a un camarógrafo para grabar contenido para la comunidad sorda, como sería precisamente llevar al lenguaje de señas el contenido de la Ley-22 de 2021 que crea la oficina enlace.

Las prioridades del nominado son varias: crear el ordenamiento estatutario bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para la nueva oficina, hacer una radiografía jurídica de los reglamentos y leyes existentes para que las diversas leyes cumplan con la comunidad sorda; y proponer proyectos de ley a las ramas legislativa y ejecutiva. Troche entiende que la tarea de la oficina puede ser un laboratorio para Escuelas de Derecho, Administración Pública y hasta Contabilidad.

Al mismo tiempo, la oficina debe atender otras necesidades de la población, como por ejemplo que hay planes médicos que no cubren las prótesis para los sordos, sondear adecuadamente el tamaño de la población sorda, adiestrar personal en departamentos claves como Salud, Educación, Familia, Vivienda y Trabajo, y atender administrativamente la dependencia, que incluye nombramientos y buscar fondos adicionales para su operación.

"El compromiso es atender a esta comunidad de suerte que la brecha comunicativa cese. Se busca una nueva visión para poder estructurar servicios que sean acorde con las necesidades de los sordos y se detenga el proceso de autodefensa constante de la comunidad", afirmó Troche Villeneuve.

Y lo hace consciente de que el incumplimiento con esta ley, incluso si es de él, tiene consecuencias, incluso penales, esto según el artículo 20 de la Ley que dispone hasta 6 meses de cárcel y multas de hasta $10,000 por el delito menos grave de "entorpecer" el trabajo de la oficina enlace con la comunidad sorda.

"Yo no voy a ser piedra para entorpecer. Todo lo contrario, voy a ser agente de cambio y usar las disposiciones legales de esta oficina como herramienta de justicia social", aseguró Troche Villeneuve.