Descarga el documento: United States v. Flores-Rivera

Las convictas —que para impugnar su convicción plantearon que se cometieron errores en los procedimientos— no obtuvieron nuevo juicio por lo que sus convicciones y sentencias se mantienen. Aunque la defensa argumentó que hubo errores, no planteó que fiscalía falló en revelar evidencia material de impugnación en violación a la norma de Brady v. Maryland. En el juicio, las defensas de los acusados intentaron impugnar los testimonios de los testigos estrella, sugiriendo que habían coordinado la fabricación de sus testimonios. Fiscalía ocultó prueba que arrojaba luz sobre ello –específicamente una carta– y conversaciones entre los testigos a través de los inodoros de las facilidades donde se hospedaban.

Sonia Flores Rivera, Sandra Flores Rivera Carlos, Omar Bermúdez Torres (apodado "Omar Moreno Espada") y Cruz Roberto Ramos González (apodado "La R", "El Gordo", "El Galán", "Robert Belleza" y "Crucito"), entre otros fueron hallados culpables de conspiración para traficar drogas en el área este de Puerto Rico.

Bermúdez Torres y Ramos González solicitaron un nuevo juicio ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, alegando que fiscalía no descubrió evidencia material en violación a lo establecido jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Brady v. Maryland.

Tres testigos de fiscalía hablaron sobre una conspiración enorme, donde Ramos González era el líder y entre su equipo de trabajo había "tenientes" como Bermúdez Torres, vendedoras como Sandra Flores Rivera y "runners" como Sonia Flores Rivera.

Harry Smith Delgado Cañuelas fue uno de los testigos estrella de la fiscalía federal. Según Delgado Cañuelas, Ramos González controlaba la distribución de crack, cocaína y marihuana en el Residencial Víctor Berrios en Yabucoa.

Delgado Cañuelas se mudó al Residencial Víctor Berrios luego de salir de prisión en el 2004. Originalente, Delgado Cañuelas trabajó con los hermanos Alex y Ramiro Nazario, quienes alegadamente controlaban la distribución de heroína en el residencial. Según el testigo, Ramos González lo contrató para asesinarlo por robarle un "muerto", o sea, un paquete de drogas grande, pero al ver cómo levantó las ventas de heroína bajo la supervisión de Bermúdez Torres, Ramos decidió mantenerlo en su negocio. Su rol era el de principal administrador y a su vez vendedor, cosa que le permitía estar en contacto con la parte organizacional (y testificar sobre el rol de Bermúdez Torres) y con las operaciones del día a día (por lo que podría testificar sobre Sonia y Sandra Flores Rivera).

Delgado Cañuelas fue empleado de Ramos González hasta el 2007, cuando fue arrestado por intento de asesinato. Desde ese entonces coopera con el gobierno.

Otra testigo estrella fue Xiomara Berrios Rojas, quien alegaba ser parte de la conspiración. Según su testimonio, ella trabajó con Ramos González desde el 2004 aproximadamente, vendiendo crack, cocaína y marihuana. Testificó que las marcas en unas libretas halladas en un apartamento de quien llevaba la contabilidad reflejaban ventas de drogas.

El tercer testigo estrella fue Andy Marcano, quien alegó ser "runner" en la conspiración de Ramos González. Marcano distribuía heroína y otras drogas en diferentes puntos, incluyendo en el Residencial. Según su testimonio, él estuvo presente cuando era necesario amenazar competidores o disciplinar a alguno de sus miembros. Él testificó que Bermúdez Torres cocinaba la heroína y la daba a los "runners", quienes la pasaban a los vendedores.

En el juicio, las defensas de los acusados intentaron impugnar los testimonios de los testigos estrella, sugiriendo que habían coordinado la fabricación de sus testimonios. Según el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, la evidencia en este caso se basaba mayormente en los testimonios de los testigos estrella.

Aunque los testigos sostienen que nunca discutieron entre sí los pormenores del caso, admitieron que se comunicaban entre sí a través del sistema de plomería de la unidad para cooperadores del centro de detención donde permanecían.

En el caso de Ramos González y Bermúdez Torres, su apelación bajo Brady se basa en varios hechos. Primero, en que Delgado Cañuelas envió una carta a una de las fiscales, y esta no la reveló a la defensa como debió hacer. En segundo lugar, la fiscalía no proveyó a la defensa unas notas que Delgado Cañuelas mantenía, ni notas que tomaron agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en entrevistas con otro alegado co-conspirador, Gabriel Medina Pabón.

En la carta que Delgado Cañuelas envió a la fiscal, este se denominó como el "mejor cooperador" y solicitaba ayuda para que su pareja pudiese mudarse cerca de la prisión donde él estaría, para no perder a sus hijas, ya que ella estaba en probatoria. En la carta también indicó que todo lo que el hacía, lo hacía por sus hijas y su pareja. La fiscal dice que guardó la carta en uno de los expedientes y olvidó que existía y la encontró posteriormente, pero no completa, y no encuentra lo que falta. Según se infiere de donde termina la comunicación en la carta, hay más folios que alegadamente no aparecen, por lo que se desconoce qué otra información había en ella.

Las notas que guardaba Delgado Cañuelas se basaban en las conversaciones que sostenían los testigos a través de las tuberías (a través de los inodoros) de donde se hospedaban antes y durante el juicio. Las notas muestran que Medina Pabón y Marcano intentaron obtener el favor de Delgado Cañuelas, quien se consideraba el cooperador principal. Según surge de las notas, Medina Pabón aseveró que sabía que Delgado Cañuelas estaba preparando a Berrios Rojas para testificar, y que Marcano y él también cooperarían. En las notas, Medina Pabón alega que él no estuvo en el punto, como relataría el testimonio de Delgado Cañuelas, y Marcano indica que él no era un sicario. Delgado Cañuelas riposta en las notas recordándoles cosas que habían hecho anteriormente. En otras notas recuentan otros eventos, y Marcano asevera que va a cooperar y a "tumbar" a los que se quedaron atrás, y a su vez expresa que desea que ellos permanezcan unidos como amigos y no enemigos para ayudarse mutuamente. Según la fiscal en una vista posterior al juicio, ella regañó a Delgado Cañuelas por las notas que tomó y preservó.

Las notas que tomaron los agentes del FBI al entrevistar a Medina Pabón contenían evidencia exculpatoria de impugnación. Dichas notas no fueron entregadas a la defensa hasta luego de concluido el juicio.

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito determinó que el Tribunal de Distrito erró al denegar a Bermúdez Torres y Ramos González un nuevo juicio en vista de la evidencia no provista por fiscalía. Según el Primer Circuito, si la defensa hubiese tenido y utilizado en juicio la evidencia de impugnación no revelada, existía una probabilidad razonable de que un jurado los hallase no culpables por lo que declaran ha lugar su solicitud de nuevo juicio.

Sonia y Sandra Flores Rivera intentaron una estrategia distinta para impugnar la convicción, la cual no dio resultado.

Reseña por el Lcdo. Cristian González