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Por el licenciado y notario Ángel Ortiz Guzmán

El Senado de Puerto Rico tiene ante su consideración un proyecto dirigido a permitir el otorgamiento de documentos notariales de manera electrónica y de forma virtual. De aprobarse este proyecto cambiaría para siempre la función notarial tal como la conocemos al presente.

Por un lado, el mundo ha cambiado con la llegada de la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre de cara al futuro que esta enfermedad representa. Conocemos de primera mano los efectos devastadores que la misma ha ocasionado en nuestra economía y en diversos sectores como lo son la banca hipotecaria y los servicios de bienes raíces.

Por otro lado, con el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de las relaciones sociales es lógico y comprensible que se proponga cambiar la forma en que los notarios ejercemos nuestra función. Si bien ello, es cierto que hay un aspecto que es importante tomar en consideración: la seguridad jurídica en tiempos de pandemia.

El notariado puertorriqueño es de origen latino en el cual el notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, dar fe de los hechos, redactar los instrumentos adecuados a ese fin, conferirles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. En dicha función el notario puertorriqueño representa la fe pública y la ley para todas las partes.

El Tribunal Supremo se encuentra ante la consideración de el Informe de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico, que propone la adopción e implantación de avances tecnológicos precisamente con el objetivo de agilizar la práctica notarial.

Entre los avances tecnológicos propuestos se encuentran la actualización del Registro Electrónico Notarial para aumentar sus funcionalidades, la creación de un formulario único de información que permitiría a los Notarios registrar y notificar toda transacción o documentación autorizada en sede notarial a través de un solo acto.

Se recomienda además la eliminación de los sellos en los documentos notariales mediante el pago de dichos aranceles a través de la plataforma de colecturía virtual del Departamento de Hacienda. Se considera autorizar a los notarios a establecer un protocolo digital en el cual se puedan digitalizar todos los instrumentos públicos y ser resguardados en una nube digital.

El más importante avance tecnológico recomendado es el reconocimiento de la firma electrónica notarial que sería la zapata sobre la cual se puede desarrollar una plataforma notarial que permita la autorización de documentos notariales de forma remota con plena garantías de seguridad y confiabilidad.

Los países que han permitido el otorgamiento de documentos notariales por videoconferencias durante la pandemia lo han hecho porque contaban con la firma digital notarial que establece un medio de intercambio de información y de datos seguros.

La debilidad del proyecto senatorial es que propone la autorización de escrituras mediante la utilización de cualquier plataforma digital sin plena garantías de seguridad que requieren la función notarial y el tráfico jurídico.

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