Por Valeria Alicea Guzmán

Para evitar que la salud de la población puertorriqueña se vea impactada adversamente, el salubrista y estudiante de derecho Christian López Chico expresó que es meritorio que se desarrolle un plan de acción eficaz desde un marco legal ambiental y administrativo con relación a los vertederos en Puerto Rico. 

En entrevista con Microjuris, el alumno de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce y vicepresidente de la Health Law Society, indicó que es posible que se dé una crisis de salud si no se atiende el desarrollo de una gama de afecciones que surgen como resultado de la exposición a contaminación del aire, agua y superficie. 

«A este escenario se le añadiría un posible aumento en la incidencia de afecciones asociadas con agentes patogénicos zoonóticos , y enfermedades respiratorias. Es de carácter urgente que se evite otra amenaza a la salud pública del país», comentó. 

López Chico explicó que, desde hace varios años, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) informó el cierre de una gran cantidad de vertederos en la isla.

«En esencia, la EPA ha sostenido que el cierre de estos se debe a su incumplimiento con las regulaciones establecidas por la agencia. En particular, el monitoreo de la calidad de agua subterránea, manejo de sus lixiviados y no poseer revestimiento sintético o ?liner ?. El gobierno ha asignado fondos para atajar esta problemática. Sin embargo, no se han encaminado acciones notorias y significativas», compartió. 

Según el egresado de la Ponce Health Sciences University, esta situación puede afectar el completo bienestar físico, mental y social de las personas. "Si se afecta una parte, pues se afectan las diferentes vertientes de la salud", alertó. 

Implementación de política pública

Por su parte, la licenciada Verónica González Rodríguez, mencionó que en Puerto Rico existe un problema serio con relación a la basura y los vertederos. 

«La mayoría de los vertederos en Puerto Rico están llegando o han superado ya su tiempo de vida útil. […] El huracán María le echó gasolina, en términos muy coloquiales, al problema de los vertederos porque se generó mucha basura», detalló la abogada de AsistenciaLegalPR. 

Con relación a la política pública, González Rodríguez resaltó que uno de los problemas es que algunas iniciativas y medidas que han sido aprobadas han tenido limitaciones en el diseño e implementación.

«Como la ley de reciclaje que no se cumple, la ley de las bolsas plásticas, que tuvo gran resistencia. [..,] Se han tratado de promover medidas como el ‘bottle bill’, que cuando compras una botella de plástico se la devuelves al productor o a algún sitio de recolección y te devuelven una cantidad del dinero que tú pagaste», dijo la licenciada. 

Según González Rodríguez, muchas de las medidas se enfocan en traspasar la responsabilidad sobre el manejo de los desperdicios a los consumidores. «Tú compras un producto y tienes que hacerte responsable de compostarlo, reciclarlo, reutilizarlo. Cuando eso no tendría que ser así. Es más fácil regular las industrias porque son menos para fomentar la generación circular», destacó. 

«Algunos municipios proveen servicios de recolección en las casas, pero no está disponible para todo el mundo. Incluso, en los municipios donde hay recolección en las viviendas no está disponible para todas las comunidades y espacios. En Puerto Rico, para reciclar hay que querer hacerlo. Es casi un requisito y no debería serlo», agregó la abogada.  

De igual forma, la licenciada comentó que el manejo inadecuado de la basura y los vertederos puede tener efectos en la salud de las personas. "Estamos sacrificando recursos que podrían utilizarse para crear comida, para crear vivienda […] Un vertedero mal manejado puede causar impactos en la salud y un vertedero clandestino es más probable que tenga impacto", expresó. 

Por otro lado, el profesor de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Pedro Saadé Lloréns, manifestó que los vertederos son la evidencia del fracaso que ha tenido Puerto Rico al no cumplir con la propia legislación. «Desde el 1970, se vienen estableciendo unas metas en Puerto Rico para ir reduciendo la cantidad de sobrantes y residuos que hay que lanzar o depositar en los vertederos».

El licenciado destacó que el esfuerzo más reciente de legislación para abordar el tema, reconociendo las consecuencias ambientales y de salud que tienen los vertederos, es la La Ley Núm. 33 de 2019, conocida como Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. Según el abogado, la ley indica que debe haber una reducción del 60% de lo que se pueda lanzar en los vertederos durante los próximos años.

«Se puede decir que sabemos cuál es la solución. El problema ha sido en la implementación y que el anunciar porcientos de reducción en una ley se queda en eso, en un papel y no se logra implementar. […] Es un asunto de implementación cuando se depende de señalamiento de tipo general. Eso queda en una aspiración, en un pedazo de papel», señaló el abogado.

Comentó que, ante este problema que enfrenta la sociedad puertorriqueña con los vertederos, hay soluciones y propuestas. «Eso quiere decir que le va a tocar más a la ciudadanía para lograr implementarla. Y, pienso yo, en propuestas legislativas especificas, como la de las bolsas plásticas, se debe nuevamente intentar una legislación para las botellas de cristal que en muchas partes del mundo y antes en Puerto Rico se reciclaban las botellas», recordó.

También indicó que hay unos aspectos que son difíciles de manejar con relación al empaque de los productos. «La importación grandísima que tenemos en Puerto Rico viene desde unos establecimientos y unas empresas y unos países que es difícil controlar. Habría que contar con las empresas que importan estos productos para un esfuerzo conjunto», afirmó.