Yauco y Vega Baja tendrán que pagar multas por acceso a los Testigos de Jehová

07 de enero de 2014

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Juez federal Gustavo Gelpí pide al Tribunal Supremo esclarecer caso de accesos de Testigos de Jehová Luego de que el pasado diciembre los municipios de Yauco y Vega Baja entregaran los beepers de varias comunidades en donde se le había negado el acceso a los Testigos de Jehová, se confirmó que deben pagar sendas multas por incumplir con la orden original de hacerlo.

De interés:

Juez federal Gustavo A. Gelpí pide información al Tribunal Supremo en caso de accesos de Testigos de Jehová (13 de junio de 2013)

Sentencia de juez Gelpí en torno al acceso de Testigos de Jehová a urbanizaciones cerradas (10 de mayo de 2012)

Según la información ofrecida, las multas que tendrán que pagar los municipios de Yauco y Vega Baja son de $7,000 y $8,500 respectivamente. Las cantidades ya habían sido acordadas en mociones conjuntas emitidas por ambas partes. En dichas mociones se especificó que tendrán que depositar la cantidad en una cuenta designada para esas multas, dinero que se utilizará para seminarios educativos.

El pasado 21 de marzo, el juez Gustavo Gelpí emitió una orden que establece que se debe proveer acceso a los Testigos de Jehová en Puerto Rico en comunidades cerradas, basado en que las calles son públicas. El 17 de diciembre los alcaldes de los municipios multados fueron citados para el Tribunal Federal del Viejo San Juan en donde tuvieron que mostrar causa de por que no debía adjudicarseles desacato por incumplir dicha orden.

El día de la vista, el alcalde de Yauco expresó que en su pueblo hay cinco urbanizaciones con guardia y siete sin oficial de seguridad.

«Siempre hay preocupación entre la gente por la seguridad, pero nuestra posición es que hay que respetar la orden del tribunal» a la vez que indicó que les han impuesto multas de $200 diarios a las urbanizaciones que no cumplieron.

Por su parte, el abogado de Vega Baja, Marcos Cruz, explicó que hay 20 urbanizaciones con control de acceso, pero la mayoría tienen guardia de seguridad. Expresó que respetaba la orden del tribunal y que entiende el derecho de la libre expresión, «pero hay ‘issues’ en términos de seguridad, y ahí está el problema porque, ¿quién me garantiza que realmente las personas que van a entrar no usen como subterfugio decir que son de dicha religión y accedan y cometan fechorías?»