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Por Paola Arroyo Guzmán 

Hace aproximadamente un mes la Asamblea Legislativa tiene ante sí los cambios propuestos en la Reforma Contributiva promovida recientemente por el gobernador Pedro Pierluisi, bajo el Proyecto de la Cámara 1839, que busca la redistribución de las tasas contributivas y la simplificación del proceso para hacer negocios en Puerto Rico.

De acuerdo con un panel, compuesto por expertos en materia contributiva, quienes analizaron el impacto económico y social de la medida, materializar estas enmiendas son vitales para descartar un ambiente de incertidumbre en el archipiélago.

El panel de «Mitos y Realidades de la Reforma Contributiva», organizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) estuvo compuesto por los contadores públicos autorizados David A. Rodríguez Ortiz, copresidente del Comité de Asuntos Contributivos del CCPA; Víctor Pizarro Núñez, copresidente del Comité de Asuntos Contributivos del CCPA; y Felipe Rodríguez Lafontaine, representante del CCPA ante del Grupo Asesor.

Rodríguez Lafontaine resaltó la importancia de que organizaciones empresariales asuman un rol protagónico como parte de la discusión del proyecto.

«Existe mucha incertidumbre al discutir estas enmiendas y que luego no se materialicen. Entendemos el sentir de los colegiados sobre las vigencias actuales (en el sistema contributivo). Deseamos que este esfuerzo rinda frutos», dijo Rodríguez Lafontaine.

Recientemente se informó que a la discusión se insertó la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Bancos de Puerto Rico, el Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore).

Contexto

A finales de agosto, el gobernador presentó por medio de su delegación un segundo proyecto de Reforma Contributiva luego de que el proyecto anterior se aprobara en la Cámara de Representantes, pero se colgara en el Senado.

El proyecto de ley tiene un costo total de $472 millones, con un impacto positivo en la economía de $367 millones, aumentando así los recaudos en $278 millones, según estimados del Departamento de Hacienda.

La pieza legislativa establece que los hogares con ingresos, sean individuales o combinados, entre $41,500 hasta $61,500, verán una reducción a una tasa de 24%. Mientras, los hogares con ingresos entre $61,500 a $81,500, entran también en la nueva tasa de 24%, ampliando así la base de la baja en contribuciones.

El proyecto también mantiene los descuentos de 5% y 3% establecidos en las leyes 257-2018 y 40-2020, respectivamente, para contribuyentes con ingresos de $100,000 o menos.

Sobre las enmiendas

Recalcaron que las tasas de los contribuyentes con menos de $41,500 no tienen cambios. «Este grupo son aproximadamente 650k contribuyentes, que aportan el 12% de los impuestos generados por contribución sobre ingresos de individuos».

«Puerto Rico actualmente tiene uno de los sistemas más caros del mundo. La tasa tributaria en Puerto Rico y la tasa corporativa en Puerto Rico es sumamente alta. Ciertamente, nosotros tenemos muchos programas que son competitivos de incentivos, pero estamos hablando de otras compañías, y otras corporaciones, que no tienen acceso a estos programas de incentivos», comenzó diciendo Pizarro Núñez.

Mientras, la medida propone eliminar la reducción de 5% a contribuyentes con ingresos brutos mayores de $100,000, mantiene la reducción de 8% para aquellos contribuyentes con ingresos brutos que no excedan los $100,000.

Destacó, de igual forma, que el proyecto legislativo es sumamente importante y es un paso en la dirección correcta.

A pesar de que en el archipiélago no se paga la contribución federal en los ingresos de fuentes de Puerto Rico, se encuentra en la tasa corporativa estatutaria más alta de Estados Unidos y a nivel mundial ocupa el segundo lugar en esta escala entre una veintena de jurisdicciones, según datos suministrados por Pizarro Núñez.

Por lo tanto, la organización busca promover la redistribución de la carga contributiva. Para lograrlo, argumentó que Puerto Rico debe reducir las tasas contributivas sobre ingresos con el propósito de distribuir la carga entre los sectores que en la actualidad pagan impuestos sobre ingresos, pero no aplican al crédito por trabajo.

«Esto no es una Reforma Contributiva. Para llegar a ser una Reforma Contributiva tendríamos que estar ante un proyecto que sea integral. No en pese a eso, es un proyecto importante, que debemos discutir. Este proyecto está haciendo algo en la medida que busca que Puerto Rico sea más competitivo», agregó.

«Este proyecto, que yo lo llamo uno de ajuste de las tasas, además de ajustar las tasas, tienen otras enmiendas técnicas importantes, que vamos a estar discutiendo más adelante».

Como parte de la discusión, los miembros del panel coincidieron en que el proyecto debe ser aprobado para simplificar los procesos del sistema contributivo, así como facilitar el cumplimiento de los comerciantes con el propósito de mejorar la economía puertorriqueña y hacerla más eficiente.

Recordaron, de igual forma, que en los últimos cuatro años se han realizando unos cambios al sistema contributivo que cuando se evalúan en su totalidad reflejan unos cambios estructurales en el ordenamiento contributivo.

«La Reforma Contributiva propuesta es una abarcadora que incluye aspectos importantes para los individuos, los negocios y las corporaciones. En el CCPA estamos comprometidos con el desarrollo socioeconómico de nuestra isla, por lo cual apoyamos cualquier propuesta que fomente la redistribución de las tasas contributivas y la simplificación de hacer negocios en Puerto Rico. En este evento, además de familiarizarnos con los cambios de la reforma contributiva, también conoceremos las recomendaciones realizadas por el Grupo Asesor», destacó por separado la CPA Edmy A. Rivera Colón, presidenta del CCPA.

Destacaron que el proyecto busca, además, establecer que durante una emergencia o desastre natural el secretario del Departamento de Hacienda pueda extender la radicación y pago en las contribuciones. Aclara que no puede exceder los seis meses.

Rodríguez Ortiz destacó que el proyecto busca crear una definición de industria o negocio con el trabajador o trabajadora a distancia.

Para lograrlo, el proyecto aclara que el contribuyente no mantiene oficina o local, con excepción de su residencia; no mantener anexo económico con Puerto Rico; no se considere un comerciante; el trabajador a distancia no es un oficial, directo o accionista mayoritario; los servicios sean para beneficios de terceros fuera de Puerto Rico; se reporta en ingresos al trabajador a distancia en una W-2 federal o formulario 499R-2/W-2PR.

Otro cambio importante es la eliminación del cobro del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en los muelles. Esto ha representando una ficha de tranque con el presidente cameral, Rafael «Tatito» Hernández, así como los representantes Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda; y Domingo Torres, presidente de la comisión de Asuntos Laborales, quienes adelantaron que no atenderán esta versión del proyecto.

«Elimina el Impuesto Sobre Ventas y Uso en la cadena de distribución para importaciones y compras de inventario para la reventa, eliminando el mecanismo de crédito y regresando a las exenciones sobre las compras de inventario».

Ante esto, el presidente de la Cámara adelantó que estaría sometiendo un proyecto sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1839.

Rodríguez Lafontaine adelantó que aguardan por el análisis del impacto en los recaudos que tiene esta medida. «Entendemos que eso está bastante adelantado».