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Por Daniel Rivera Vargas

La opinión emitida en días recientes por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, a favor de los reclamos de cobro de un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no solo es un revés para el gobierno y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, en inglés), sino que también tiene implicaciones aún inciertas sobre la industria de energía y las tarifas para la ciudadanía, sostuvo el exsenador Ramón Luis Nieves.

«Alguna gente de los grupos de bonistas dicen que bueno que venga un síndico aquí y ponga la casa en orden. Si el síndico es aprobado sería para que los bonistas cobren más, no para velar a Luma y Genera. Esta decisión abre la puerta para que de alguna manera se solicite un síndico y complique aún más la gobernanza interna allá en la AEE, y desde mi punto de vista nos lleva ‘back to-square one’ en la consideración del plan de ajuste», expresó Nieves.

La opinión de 66 páginas de Boston, que trascendió casi al mismo tiempo que gran parte del país se sumía en la oscuridad de un nuevo apagón del sistema público ahora regentado por empresas privadas, revoca a la jueza de la corte especial creada por la ley federal PROMESA, Laura Taylor Swain.

La juez que rige la Corte de Título III (la sección de PROMESA que crea esta corte de quiebras especial) determinó que los bonistas podrían recuperar solamente $2,400 millones del ‘sinking and subordinate fund’.

«Estamos en desacuerdo con la presunción de la jueza de Título IIII (Swain)», indicó el foro apelativo de tres jueces sin disidencias y en opinión escrita por el juez William J. Kayatta.

Al amparo de un acuerdo de la década del 40 del siglo pasado, indica el foro apelativo, «claramente a la AEE se le requiere que pague los bonos en su totalidad».

Agregan que debe hacerlo de «los ingresos netos» y estima la cifra real en más del triple de lo estimado por Swain, o sea, en vez de $2,400 millones la cifra real debe ser $8,500 millones.

«En consecuencia, el importe adecuado de la reclamación es el principal más los intereses vencidos de los bonos, o aproximadamente $8,500 millones de dólares (el tribunal de distrito puede determinar el importe exacto)».

«Es importante destacar que esto no quiere decir que los tenedores de bonos deben recibir 8.500 millones de dólares. Más bien, se trata de decir que los bonistas sobre el patrimonio de la AEE es del orden de $8.500 millones de dólares. Y esa reclamación permitida sólo está garantizada «hasta el valor del interés [de los tenedores de bonos]» en los Ingresos Netos y en los Bonos de Amortización y Subordinación», expresó el foro apelativo.

Tanto la Junta de Supervisión como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal se mostraron cautelosos con la decisión de Boston.

«La Administración seguirá insistiendo en su posición de que la reestructuración de la deuda de la AEE y la transformación del sistema energético fomenten la estabilidad fiscal y el crecimiento económico de Puerto Rico, en beneficio para los abonados de la AEE», sostuvo en declaraciones escritas el director ejecutivo de AFAF, Omar Marrero, en las que agrega que se evalúan los «próximos pasos».

«Las implicaciones de la decisión del Primer Circuito y el valor de la garantía de los tenedores de bonos dependerá de una cuidadosa consideración y determinaciones adicionales por el Tribunal», indicó por su parte en comunicado de prensa emitido anoche la Junta de Supervisión.

Mientras tanto, el licenciado Nieves, otrora presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado, y abogado con una maestría en derecho de energía, explicó que judicialmente el caso debe remontarse a 2023, cuando la jueza Swain limitó las posibilidades de recobro de un grupo de bonistas a ciertos fondos en particular -el sinking fund-, lo que en su momento fue percibido como una victoria para la posición de la Junta de Supervisión.

Sin embargo, esta semana el Tribunal de Apelaciones de Boston decidió que eso «no es correcto, que tienen derecho a recuperar de los ingresos netos de la autoridad», un concepto que actualmente no está claramente definido, según Nieves.

El letrado indicó que entre las opciones de la Junta se encuentra apelar la decisión o acudir mediante ‘certiorari’ al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Mientras tanto, también hay que ver qué hará la jueza Swain, porque el caso de la AEE se encuentra actualmente en espera de su resolución del Plan de Ajuste para lo cual ya se celebraron varios días de vistas públicas en el tribunal federal de Hato Rey.

Nieves sostuvo que la jueza puede esperar a ver si la Junta pide la reconsideración en Boston o si acude al Tribunal Supremo federal. Por otro lado, también podría pedir a las partes que se expresen por escrito sobre la controversia. También la decisión crea dudas sobre cuál sería el rol de los bonistas en la AEE, como podría ser «meterse en la AEE para asegurarse que hay ingresos para ellos cobrar y cual es el impacto en el Plan de Ajuste».

«Sea una cosa u otra, la resolución de la quiebra de la autoridad se moverá para el 2025», mencionó Nieves. «Eso tiene implicaciones adicionales, una de las dificultades de muchos desarrolladores de proyectos a gran escala de energía renovable es que el ‘offtaker’, el cliente final, la autoridad, está quebrado... Eso dificulta el financiamiento a buenos términos... si se atrasa la quiebra, va a ser más difícil que avance el proceso de desarrollo de los proyectos renovables a gran escala», añadió.

Precisó que, aunque es correcto que los bonistas pueden pedir la imposición de un síndico, y que esté a su vez pudiera en teoría imponer aumentos a las tarifas de los ciudadanos, Nieves manifestó que desde 2014 la única entidad en ley que puede autorizar alzas en las tarifas es el Negociado de Energía.

Nieves lamentó la situación en la que se encuentra la AEE, por prácticas contrarias al espíritu de Antonio Luchetii cuando en la década del cuarenta luchó en el Departamento del Interior de Estados Unidos por una «ley de bonos» que diera paso a lo que hoy conocemos como la AEE, anteriormente Autoridad de Fuentes Fluviales.

Dijo que en su opinión el descalabro de este ente gubernamental fue acelerada por nueve préstamos tomados entre 2010 y 2013 que contribuyeron al endeudamiento de la AEE, sin que se usará los $8,000 millones de dinero prestado para lo que se suponía: la realización de mejoras que eran necesarias en la corporación pública.