La multinacional de tecnología Microsoft radicó una demanda contra el Departamento de Justicia federal en la que argumenta que es un acto inconstitucional el que las autoridades le impidan comunicarle a sus clientes cuando el gobierno solicite sus correos electrónicos u otra información.

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La controversia fundamental se centra en cuán fácil debe ser para el gobierno el acceder a información individual y si dicho acceso debe ocurrir sin que se les informe a los clientes.

La acción fue presentada en el Distrito Oeste de Washington justo en el momento en que el Comité de Inteligencia del Senado circuló una propuesta en la que se reseñaba la posible promulgación de legislación que obligaría a las empresas a proporcionar información a las autoridades mediante ordenes judiciales. A su vez, también se anunció recientemente que autoridades federales desbloquearon el iPhone de un presunto traficante en San Bernandino, luego de que Apple se negara a asistirles.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, expresó por medio de su blog que el gobierno de los Estados Unidos ha invocado confidencialidad de Microsoft, mediante juramento, sobre al menos 2,576 solicitudes de información. De esas 2,576 solicitudes 1,752 no tienen fecha de finalización, por lo que Microsoft continúa siendo –sin término definido— obligada a proveer información sobre esas cuentas sin poder informarle a sus clientes sobre ello.

"El gobierno está explotando la transición a la computación en nube como un medio para ampliar su poder de llevar a cabo investigaciones secretas", señalo Smith.

La demanda se sustenta en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que provee protección a las personas, hogares y papeles contra registros e incautaciones irrazonables. Microsoft arguye que las personas no renuncian a dicho derecho cuando transfieren su información privada al almacenamiento en una nube. Además, en la demanda se señala que la prohibición de comunicarle a los clientes lo que ocurre con su información es también inconstitucional pues violenta la Primera Enmienda.

"El gobierno busca y ejecuta más ordenes para acceder comunicaciones electrónicas que las que busca para documentos físicos u otras comunicaciones—aparentemente porque creen que pueden investigar e incautar esos documentos y comunicaciones bajo un manto de secretividad", señala la demanda.

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