La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Liana Fiol Matta, aprobó una Orden Administrativa en la que detalla una serie de medidas de control de gastos para el Año Fiscal 2014-2015. Así lo anunció hoy la Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Hon. Sonia Ivette Vélez Colón. "Esta orden se suma a otras medidas de economías que ya la Rama Judicial adoptó, conscientes de la difícil situación fiscal que atraviesa el País. Estas nuevas medidas obedecen a la dramática baja en el presupuesto asignado a la Rama Judicial para el presente año fiscal", señaló Vélez Colón.

• Descarga y lee la Orden Administrativa para control de gastos (*.PDF)

La Orden Administrativa firmada por la Jueza Presidenta Fiol Matta explica que la aprobación de la Ley 66-2014, llamada "Ley Especial para la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" dejó sin efecto la ley que creó la fórmula mediante la cual la Rama Judicial recibía su presupuesto. Según esta nueva ley, la Rama Judicial recibirá $25.8 millones menos que el presupuesto anterior y $53.9 millones de lo que se le hubiera asignado si se hubiera aplicado la fórmula.

"Ello nos obliga a tomar medidas adicionales que nos permitan mantener un servicio de excelencia, asegurar al máximo posible la protección de los empleos y los derechos de nuestro personal, continuar esfuerzos para adelantar el acceso a la justicia y la modernización de la judicatura, reestructurar los proyectos iniciados, así como mantener la continuidad de los servicios, y terminar el año fiscal sin insuficiencia presupuestaria", explicó la Directora de la OAT.

Entre las medidas anunciadas en la Orden Administrativa de la Jueza Presidenta está evaluar los programas judiciales de acceso a la justicia para identificar alternativas que permitan su continuidad, aunque se considerará posponer su expansión en la medida que no haya fondos disponibles. Éstos son los Salones Especiales en Casos de Sustancias Controladas, mejor conocidas como las Cortes de Drogas, las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica, las Salas de Asesinato y el Programa de Litigantes por Derecho Propio.

Otra medida a tomar es el cierre de los tribunales municipales ya identificados. La Orden Administrativa también dispone que la OAT renegocie los cánones de arrendamiento de edificios y locales y contemple la posible relocalización de algunas instalaciones, con miras a alcanzar una reducción de entre un 10% hasta un 20% en el pago global de rentas. Esta directriz incluye también el que se exija el pago de arrendamiento por las facilidades de la Rama Judicial que utilizan otras dependencias del Gobierno, y que se evalúe la legislación vigente sobre derechos arancelarios y la posibilidad de proponer legislación que le permita a la Rama Judicial generar fondos propios.

En cuanto al personal de la Judicatura, la Hon. Fiol Matta dispuso una serie de medidas dirigidas a asegurar un mejor uso de los recursos disponibles con miras a evitar tener que recurrir a despidos o recorte de beneficios. Conforme a la política promovida por la Jueza Presidenta, la Directora de la OAT expresó que "es nuestro norte garantizar, en la medida que sea posible, el empleo y los derechos de nuestro mejor recurso: el recurso humano".

Entre esas medidas se encuentra identificar las plazas vacantes que no tengan presupuesto asignado para suspender nuevos reclutamientos, salvo que se identifique una necesidad apremiante de cubrir un puesto indispensable al proceso de impartir justicia; reducir hasta suspender el nombramiento de personal transitorio, excepto en aquellos casos sufragados por fondos federales; implantar un plan para reducir la acumulación de días por vacaciones a no más de sesenta días; descontinuar el pago de cuotas y membresías a grupos profesionales, salvo que alguna ley disponga lo contrario; reforzar las medidas de supervisión y planificación para eliminar el pago de horas extras; y gestionar acuerdos colaborativos con otras agencias gubernamentales que permitan economías en los trabajos que se realizan en conjunto.

La Jueza Fiol Matta dispuso también una serie de medidas dirigidas a optimizar la operación de la fase administrativa. Una de ellas es fortalecer el Programa de Vídeo Conferencia establecido con el Departamento de Corrección y Rehabilitación para la celebración de vistas y evaluar su uso y expansión a otros servicios. También ordena revisar todos los contratos de servicio vigentes para reducir las horas contratadas, honorarios y tarifas; eliminar los servicios contractuales no esenciales; limitar el otorgamiento de nuevos contratos a servicios esenciales y aplicar al menos un 25% de reducción en el valor de los nuevos contratos en comparación con los servicios contratados en años anteriores.

Con respecto a los viajes, la Jueza Presidenta ordenó la suspensión de los viajes al extranjero, salvo aquellos que resulten imprescindibles para el cabal funcionamiento de nuestro sistema judicial y para cumplir con compromisos contraídos con organizaciones a las que el Poder Judicial de Puerto Rico pertenece. También instruyó a la Directora de la OAT a que identifique fuentes alternas, como becas o fondos federales, que permitan la participación en actividades educativas en o fuera de Puerto Rico y la educación continuada a través de los recursos internos disponibles. Además, requirió una evaluación cuidadosa de las solicitudes de subasta y proveyó para que sólo se autoricen aquellas que se consideren esenciales para el buen funcionamiento de la Rama Judicial.

Asimismo, se promoverá el uso prudente de los materiales y equipo de oficina, de modo que se pueda reducir en al menos 25% el gasto en suministros para todas las dependencias y se evaluarán las normas de compra y sustitución de uniformes con el propósito de revisar los términos y periodicidad de su adquisición.

La OAT también deberá evaluar los gastos asociados a la flota de vehículos oficiales para reducir sus costos de administración y mantenimiento; reforzar el programa de reducción y economía de consumo energético en las instalaciones de la Judicatura y fortalecer y promocionar el Programa de Reciclaje de la Rama Judicial para aumentar los ingresos que se generan por este concepto.

La Orden Administrativa también aprueba el cese parcial de operaciones del Tribunal General de Justicia en las siguientes fechas: el 28 de noviembre de 2014; del 22 al 26 de diciembre de 2014; los días 2 y 5 de enero de 2015 y el 2 de abril de 2015. Para esta acción, que se realizará con cargo a los balances de licencia por vacaciones, se coordinará con los Jueces Administradores y las Juezas Administradoras Regionales de modo que se tomen en consideración los términos impostergables y asuntos urgentes que haya que atender sin que se perjudiquen los derechos de las partes. Asimismo, se realizarán los trámites necesarios para mantener el servicio en las Salas de Investigaciones de San Juan, Bayamón, Ponce, el Consorcio del Noreste y las Salas de Turno.

Con respecto a la actividad judicial, la Jueza Presidenta instruyó a la Hon. Vélez Colón a que requiera de los Jueces y Juezas Administradores tomar las medidas necesarias en sus regiones para que en el curso ordinario de los casos los asuntos de confinados se atiendan con prioridad, se reduzca la compra de alimentos, se limite la expedición automática de citaciones a las personas que comparecen a sala y quedan citadas en corte abierta y se cancelen correctamente los aranceles que corresponden, entre otras. "En términos generales los Jueces y Juezas Administradores, en colaboración con todos los Jueces y Juezas de la Rama Judicial, procurarán en su actuación judicial la mayor eficiencia en el manejo de los asuntos administrativos colaterales a su función de impartir justicia", explicó Vélez Colón.

Durante la vigencia de esta Orden Administrativa, la Jueza Fiol Matta requiere que se identifique y se implante cualquier otra medida que pueda contribuir a controlar los gastos de la Rama Judicial, sin afectar su funcionamiento adecuado ni los servicios que se prestan a la ciudadanía. La OAT informará a la Jueza Presidenta cada medida de control de gasto evaluada antes de su implementación; éstas serán objeto de revisión cada tres meses para identificar su efecto económico. Esta Orden Administrativa es de vigencia inmediata y se mantendrá en vigor mientras las circunstancias así lo requieran.