El presidente de la Comisión de Salud en el Senado, Sen. Ángel «Chayanne» Martínez Santiago, radicó el Proyecto del Senado 1175 que busca enmendar la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Dicha medida propone requerir a los médicos discutir con sus pacientes los riesgos asociados a la utilización de fármacos basados en opioides antes de prescribir el medicamento recomendado.

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La Secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, presentó el pasado año una demanda contra un fabricante de medicamentos en la cual se alega que el incumplimiento de dichas obligaciones legales ha fomentado una epidemia de adicción a opiáceos en el país.

Según reza el proyecto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) estiman que en los Estados Unidos la carga económica total derivada del abuso de opioides recetados solamente es de $78,500 millones por año; esto incluye los costos de atención médica, la pérdida de productividad, el tratamiento de la adicción y los costos de intervención de la justicia penal.

En las vistas presididas por el senador Martínez Santiago efectuadas esta semana se discutió lo siguiente; la importancia de identificar si el paciente es menor de dieciocho años; que el médico discuta con el paciente o con el padre o tutor del paciente, la necesidad de emitir una prescripción inicial de un medicamento opioide; los riesgos asociados al medicamento que se receta; las consecuencias potencialmente adversas a la salud luego de ingerir dicho medicamento con alcohol; las razones por las cuales el médico consideraría dicha prescripción necesaria, así como los tratamientos alternativos que puedan estar disponibles en sustitución al opioide; y los riesgos asociados con el uso de dichos medicamentos, tales como el riesgo a desarrollar una dependencia física o psicológica de la sustancia, e insuficiencia respiratoria mortal. A la vez ordena al médico incluir una nota al paciente, a su padre o tutor, según corresponda, de haber discutido dichos riesgos o posibles tratamientos alternativos.

Durante la vista pública participaron como deponentes el representantes del Departamento de Justicia, ASSMCA y de la Oficina del Procurador del Paciente.

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