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Por Daniel Rivera Vargas

El juez presidente del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl A. Marxuach, mantuvo la condena de cadena perpetua a un individuo, a pesar de la recomendación conjunta de la fiscalía federal y la defensa de modificar la sentencia a 30 años de cárcel, argumentando la gravedad de los hechos imputados al convicto.

Lee el caso

Según la opinión del juez, la decisión se fundamenta en la gravedad de los hechos que llevaron al sujeto a prisión. El condenado que solicitó la modificación de su sentencia es David Gómez Olmeda, quien en su momento fue considerado para la pena de muerte por el crimen que se le imputaba: asesinar a un informante de las autoridades federales.

De acuerdo al resumen de casos, Gómez Olmeda fue acusado de seis cargos federales relacionados con el asesinato de la confidente en marzo de 2003. Para octubre del mismo año, se declaró culpable de todos los cargos y recibió una condena de cadena perpetua.

Sin embargo, Gómez Olmeda apeló el proceso, y tras el fallo en su contra del Tribunal de Apelaciones, intentó utilizar el mecanismo de mociones de libertad por compasión en cuatro ocasiones, sin éxito en ninguna de ellas, según explica Marxuach en su orden de nueve páginas.

Entonces, a principios de 2024, el acusado solicitó una modificación de la sentencia amparado en una reciente enmienda. Tras evaluarla, el magistrado Bruce McGiverin concluyó que el acusado podría ser elegible para una reducción de sentencia.

Una semana después, la fiscalía federal y la defensa del acusado presentaron una moción solicitando la modificación de la sentencia de cadena perpetua a una condena de 360 meses de cárcel, es decir, 30 años de prisión.

En su análisis, el juez primero respalda al magistrado McGiverin, afirmando que ‘la elegibilidad de Gómez Olmeda no está en disputa’.

Esto se debe a que parte del cálculo de la sentencia original consideraba que el convicto cometió el asesinato mientras estaba bajo supervisión, y según una enmienda reciente, este factor ya no puede ser tomado en cuenta.

Sin embargo, el juez explicó que no solo se trata de evaluar la elegibilidad, sino también otros factores, como ‘la naturaleza y las circunstancias del delito’ y si la sentencia ‘refleja la gravedad del crimen y promueve el respeto a la ley’.

Los hechos imputados a Gómez Olmeda en el caso federal, junto con sus antecedentes penales previos a nivel estatal, llevaron al juez, según detalla en su opinión, a concluir que la reducción de la sentencia no procedía en este caso.

Según explicó el juez, Gómez Olmeda fue sentenciado en 2001 por un homicidio en el que golpeó a una víctima con un tubo y, junto con dos cómplices, la patearon hasta matarla. Además, en 1999 había sido declarado culpable de posesión de un arma de fuego.

Posteriormente, ocurrieron los hechos relacionados con el caso federal, que el juez describe como ‘serios’ y ‘atroces’. En este caso, el convicto fue grabado en video matando a un confidente federal con varios disparos. Luego de vaciar los bolsillos de la víctima y encontrar la grabadora que le habían colocado los agentes, le echaron gasolina para quemar su cuerpo.

Marxuach citó expresiones del entonces juez del caso, el otrora presidente del tribunal federal José A. Fusté: «el horrible crimen que cometió, la forma en que lo cometió, la manera en que la víctima fue tratada, y la manera en que la víctima -su cuerpo- fue manejado luego de que todo esto pasó es diferente, son factores adicionales que me llevan a creer que esto simplemente fue un inaceptable, horrible y planificado asesinato de un ser humano».

La víctima, agrega Marxuach, fue una persona que creció con Gómez Olmeda.

Una nota al calce del caso trae a colación también que el expediente del caso no demuestra que la familia de la víctima fue consultada por la fiscalía federal al momento de solicitar la reducción de sentencia.

«Se le recuerda al gobierno que tiene una obligación continua con las víctimas de crímenes en procesos de resentencia», añade el juez.