Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión Fiscal le reiteró al gobierno de Puerto Rico sus reservas con algunos incentivos contributivos aprobados a médicos del país, esto ante su potencial impacto en los recaudos del fisco y le recordó que se trata de una actuación ilegal.

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"Dado los efectos conjuntos, mutuos y potenciales de las leyes 52 y 60, le informamos que la Junta de Supervisión ha determinado que la Ley 60 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal respecto a las provisiones para profesionales médicos y que a Ley 60 viola la sección 204 (c) de PROMESA (la ley federal que crea la Junta)", reza la misiva de cuatro páginas divulgada el pasado viernes firmada por el asesor legal general de la Junta Supervisión, James A. El Koury.

Sobre la Ley 52 plantea que "es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal y que si continúa su implementación, el presupuesto de próximos años fiscales se continuará reduciendo por una gran cantidad".

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El organismo fiscal advierte que la Ley 60 de 2021, que es una enmienda a la ley de 2019 que proveía incentivos contributivos a los médicos, podría causar un recorte del presupuesto del país en $47 millones.

"La Junta está preocupada que el gobierno ha implementado o va a implementar la ley (60) sin la revisión o el consentimiento de la Junta", repasa la misiva.

El documento agrega que la principal preocupación del ente fiscal es que no hay restricciones sustanciales a la habilidad del gobierno de conceder estas certificaciones "a voluntad".

Parte del argumento de la misiva de la Junta de Supervisión es que el gobierno insiste en esa ley, con un lenguaje amplio, a pesar de que solo dos tipos de profesionales médicos califican, los anestesiólogos cardiotorácicos y los cirujanos cardiovasculares torácicos.

Además, según el ente, "solo dos personas han solicitado y cualificado (para estos incentivos) bajo la carta circular, lo que levanta cuestionamientos de la necesidad y el propósito del lenguaje tan amplio de la Ley 60".

Asimismo, se indica que el lenguaje de la Ley 52 de 2022, que estira el término para solicitar los incentivos de la Ley 60 de 2019, está pendiente a un pleito judicial, y podría conllevar a que 2,332 médicos reciban estos incentivos.

"Podría representar la pérdida de decenas de millones de dólares anualmente", según la Junta.

El ente fiscal, además, advierte que si el gobierno insiste en ambas leyes podría procurar "remedios para prevenir la implementación". No dice la carta a que se refiere con remedios, pero en el pasado la Junta de Supervisión ha demandado en el foro federal al gobierno por desacatar sus mandatos.