Por Daniel Rivera Vargas

Los cargos criminales contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced son parte de un caso complejo, según el abogado Carlos Sagardía, quien litiga en el foro federal.

«Son cargos que los trae la División de Integridad Pública de Estados Unidos, que como el FEI a nivel local se dedica a procesar funcionarios públicos. Por lo tanto, los cargos a los que se enfrenta es de un ‘indictment’ sumamente complejo. Es un soborno que no es el típico soborno de ‘te doy un sobre de dinero y te borro las multas, o te doy un permiso'», explicó.

Sagardía indicó que se alega que hubo unos mecanismos creados, no necesariamente para el bolsillo de Vázquez Garced, pero sí para favorecer un asunto político dónde se imputa que hizo unas acciones oficiales como gobernadora para que se diera ese apoyo político que no son su campaña (directamente).

La evidencia típicamente en este tipo de caso incluiría grabaciones, documentos, correos electrónicos, mensajes de texto, testimonios de personas que ya se han declarado culpables y han hecho admisiones de su participación en el esquema, dijo Sagardía. «Por lo tanto. el defenderte de todos esos elementos complejos lo hacen sumamente difícil», sostuvo.

Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio contra la exgobernadora Vázquez Garced, el presidente de un banco internacional de nombre Julio M. Herrera Velutini, y un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Mark T. Rossini. La acusación es de siete cargos criminales por conspiración, soborno y fraude electrónico, aunque los acusados no están en todos los cargos a la vez.

«Contra la gobernadora son tres cargos, contra el señor Velutini son seis, contra el señor Rossini son tres», detalló Sagardía.

Por estos cargos, Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini enfrentan hasta 20 años de cárcel, dijeron las autoridades federales en su conferencia de prensa. Sin embargo, el abogado entrevistado recordó que esa cifra es la máxima y que al momento de imponer la sentencia se consideran numerosos factores que reducen esa cifra, como el nivel de participación de la persona en el crimen o su cooperación.

Bajo el Código Penal Federal 

Según se desprende del  pliego acusatorio de 42 páginas, todos los cargos criminales emanan del título 18 del Código de Estados Unidos, que es el equivalente al Código Penal federal.

Descarga aquí el pliego acusatorio

El primero es el 18 USC 371 es de conspiración y establece lo siguiente: «Si dos o más personas conspiran para cometer cualquier delito contra los Estados Unidos, o para defraudar a los Estados Unidos, o a cualquier agencia de los mismos de cualquier manera o para cualquier propósito, y una o más de esas personas hacen cualquier acto para efectuar el objeto de la conspiración, cada uno será multado bajo este título o encarcelado no más de cinco años, o ambas cosas».

Mientras, también se castiga en el 18 usc 666, o los sobornos a programas federales, esto en varias secciones, siendo la primera la (a) (2) penaliza a cualquier persona por «ofrecer o acordar corruptamente cualquier cosa de valor a cualquier persona, con la intención de influir o recompensar a un agente de una organización o de un gobierno estatal, local o tribal indio, o cualquier agencia del mismo, en relación con cualquier negocio, transacción o serie de transacciones de dicha organización, gobierno o agencia que involucren cualquier cosa de valor de $5,000 o más; serán multados bajo este título, encarcelados no más de 10 años, o ambos».

Otra sección usada en el tema de 666 es el (a) (1) y (b) y 2 que, también en el tema de soborno a programas federales,  prohíbe «exigir corruptamente para el beneficio de cualquier persona, o acepta o acuerda aceptar, cualquier cosa de valor de cualquier persona, con la intención de ser influenciada o recompensada en relación con cualquier negocio, transacción o serie de transacciones de dicha organización, gobierno o agencia que involucre cualquier cosa de valor de $ 5,000 o más, o encarcelados no más de 10 años, o ambos».

El otro cargo es el de fraude electrónico a servicios honestos o el 18 USC 1343 y 1346, que prohíbe que en el diseño de «un  esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o propiedad por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas, transmite o hace que se transmita por medio de comunicación por cable, radio o televisión en el comercio interestatal o extranjero, cualquier escrito, signo, señal, imagen o sonido con el propósito de ejecutar dicho esquema o artificio,  serán multados bajo este título o encarcelados no más de 20 años, o ambos». Esto se puede configurar por el uso de diversos medios de comunicación electrónica, como mensajes de texto.

Sagardía aseguró que el fraude electrónico es el delito de pena más severa entre los imputados y es muy usado en estas acusaciones porque es relativamente fácil, en el contexto de que se comete no solo por la persona que hace la transferencia sino por la otra parte que comete algún acto que a su vez causa la transferencia.

En el pliego acusatorio, el cargo de fraude electrónico que le imputan a la gobernadora es relacionado a una transferencia electrónica de $40 mil entre dos bancos, que ocurrió el 14 de abril de 2020.

Por otro lado, aunque no es parte de la acusación, este caso se da en el contexto de la investigación estatal que realizaba la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) al incumplimiento del banco, que era encabezado por Velutini, por llenar los informes de transacciones sospechosas, como pudieran ser depósitos de grandes cantidades de dinero en efectivo. Las entidades financieras están obligadas a llenar los Sars.

Sagardía dijo que «una cosa no tiene que ver con la otra» y podría ser, o haber sido objeto en el pasado, de otra investigación separada a la de la gobernadora, que no sea el FBI. «Fíjate que el banco no está acusado y tiene personalidad jurídica propia separada de sus accionistas», dijo.

La exgobernadora fue arrestada hoy en su residencia y compareció a las 10:30 a.m. ante su vista inicial ante la magistrada Camille Vélez Rivé. Vázquez Garded, quien también fue exfiscal, exprocuradora de las Mujeres, exsecretaria de Justicia, fue orientada inicialmente de los cargos en su contra. No se solicitó su ingreso en prisión y se le impuso una fianza de $50,000.

Los coacusados Herrera Belutini y Rosini podrían ser objeto de procesos de extradición. Estos se encuentran en Londres y España, se dijo en la conferencia de prensa.

El gobierno de Estados Unidos tiene acuerdos de extradición con ambos países.

Lee aquí el acuerdo de extradición con España, y con Londres.

Sagardía comentó que el mecanismo de las extradiciones es el usado para traer a Estados Unidos desde otras jurisdicciones, como países europeos, pero pudiese haber conversaciones con los acusados o sus representantes legales para que vengan voluntariamente.

«Al final del día entiendo yo que tendrán que enfrentar la acusación», afirmó Sagardía.

Herrera Velutini es fundador del banco Bancredito, según el portal de la entidad.

El exagente federal Rossini tiene una condena previa a nivel federal de 2009 por infiltrar la base de datos del FBI para fines personales, esto en relación a otra investigación federal contra otro acusado. Se alega en la acusación que tenía una firma de consultoría, gestionó una encuesta y ayudó a crear un súper comité de acción política.

En la acusación federal, se alega que la exgobernadora aceptó donativos a su campaña primarista de sobre $300 mil a cambio de acciones como sacar al entonces jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en momentos en que esta oficina investigaba al banco internacional. El entonces director de OCIF George Joiner fue sacado del puesto en febrero de 2020 y sustituido en mayo por alguien que había trabajado en el banco de Velutini.

Además de las acusaciones contra estas tres personas, hoy el jefe de la fiscalía federal Stephen Muldrow habló de las acusaciones mediante el mecanismo de «information» contra el entonces consultor político de la exgobernadora y exadministrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP) bajo la gobernación de Pedro Rosselló, John Blakeman; así como la directora del banco Frances M. Díaz.

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Sagardía dijo que el "information" típicamente se suele usar con personas que llegan a acuerdos y enfrentan, como en este caso, uno o pocos delitos y no se usa el mecanismo de gran jurado, donde se imputan numerosos más delitos, y es el que se utilizó con la gobernadora Vázquez.

Ellos se declararon culpables el pasado 29 de marzo de un cargo en su contra relacionado a conspiración y soborno con fondos federales. En la conferencia de prensa, se indicó que ambos enfrentan 60 meses de cárcel. En el acuerdo de Blakeman, surge que la fiscalía federal y la abogada informan que esa es la sentencia que se desprende de las guías de sentencia federal, pero que estas no son mandatorias.