A simple vista el aumento en las penas en el propuesto nuevo Código Penal es evidente. Por ejemplo: la pena de 12 años de cárcel por un asesinato en segundo grado, tal como está en el Código Penal del 2004, aumentaría a 25 años bajo el Proyecto del Senado 2021. Esto es más del doble del tiempo actual.

Aumentos como éste fueron piezas principales en el anuncio del gobernador Luis Fortuño, al radicar la medida que derogaría el código vigente establecido hace casi siete años. El Gobernador señaló específicamente que una de las mejorías principales es que se aumentarían las penas, creando un sistema "más punitivo", ajustando así los delitos a la "realidad moderna". Y en el proyecto de ley se plasma así.

No obstante, en la práctica, de ser aprobado el propuesto Código Penal, la realidad es otra. En esencia, el tiempo que los reos pasarán tras las rejas no será muy distinto al que se contemplaba en el 2004, al aprobar el viejo estatuto. Esto, porque el propio Fortuño, con la aprobación de la Ley 208 del 29 de diciembre de 2009, prácticamente bajó el tiempo que cumplen en cárcel los reos, al aumentar las bonificaciones que otorga el Departamento de Corrección y Rehabilitación, precisó Dora Nevares, principal gestora del código vigente.

Con esta ley, las personas convictas desde el 1 de mayo de 2005, sólo por cumplir con su plan institucional, reciben una rebaja en su sentencia de cinco días por cada mes que están tras las rejas. Antes, dichas bonificaciones eran de un día por cada mes en prisión.

"Cuando se aplican las bonificaciones las penas no suben, al contrario, son más bajas que las que se cumplían bajo el código del 2004 con las bonificaciones como estaban", explicó Nevares, abogada y criminóloga.

Básicamente, las bonificaciones son parte de lo que convierte el sistema carcelario en una "puerta giratoria" para los criminales, señaló el criminólogo José Raúl Cepeda. Decir que se busca establecer un aparato criminal más punitivo mientras se suben las bonificaciones es contradictorio, añadió.

"Lo que están tratando es de pegar parchos mal pegados", reaccionó el profesor de criminología Joel Villa.

Bonificaciones

El senador José Emilio González, a cargo de la Comisión Conjunta de Revisión del Código Penal, indicó que trabajarán con las bonificaciones.

González explicó que buscan cambiar la filosofía al momento de evaluar los delitos. Indicó que bajo el estatuto actual se evalúa la peligrosidad del crimen y no la peligrosidad de la persona.

Este cambio evitaría, por ejemplo, que se usen como atenuantes la falda corta de una mujer violada o la puerta abierta en un establecimiento escalado, agregó.

Hay algunos aspectos del código propuesto que, hasta el momento, no han sido cuestionados. Según el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, el proyecto de ley tiene un lenguaje más sencillo y flexibiliza algunos procesos judiciales, por ejemplo, simplificando la cantidad de prueba que se necesita para probar algunos delitos -como el de conspiración.

También, la medida obligaría a los jueces a fundamentar con conclusiones de hecho y derecho los fallos absolutorios en los pleitos que se atienden bajo tribunal de derecho. Somoza explicó, además, que el proyecto, al establecer penas fijas por delito y eliminar los intervalos a discreción del juez, simplifica el proceso de sentencia. El senador, por su parte, explicó que, de aprobarse la ley, los agravantes se calcularán sumando el 25% de la pena fija a la sentencia y los atenuantes restando ese mismo 25%.

No todos los cambios, sin embargo, son vistos con buenos ojos. Según Nevares, el delito de adulterio fue dejado fuera, bajaron los delitos por violaciones a los derechos civiles y quitaron las multas sugeridas a los delitos cometidos por personas jurídicas.

Cambios problemáticos

La criminóloga indicó que el delito del incesto es eliminado como una modalidad de agresión sexual y se saca aparte, negando la similaridad entre ambos crímenes. "Tan seria es la agresión como cuando existe ese abuso en la confianza que implica el incesto", dijo.

También se eliminó la figura del cooperador como responsable de los asesinatos. Este último caso, según Nevares, imposibilitaría convicciones en pleitos como el que se lleva a cabo contra los ex policías Carlos Sustache y Zulma Díaz por el asesinato de Miguel Cáceres en Humacao.

Nevares denunció que en el proyecto se limita la defensa de los acusados por incapacidad mental a los casos en que, al momento de los hechos, el autor no entiende la criminalidad del acto. La defensa de trastorno mental transitorio, por ejemplo, se eliminó. "Son defectos serios… Hay gente diagnosticada que conoce el delito pero no puede controlar sus impulsos", dijo.

González, entretanto, indicó que con el propuesto estatuto la figura del cooperador se podrá juzgar como un autor de los hechos. Sobre el incesto, sostuvo que se entendía que "más que una agresión sexual es un agravio a la familia".

El senador señaló que el código propuesto surge de alrededor de 30 audiencias públicas en las que se recogieron recomendaciones para mejorar el estatuto del 2004. No obstante, adelantó que probablemente para abril celebren audiencias públicas en San Juan, Mayagüez, Ponce, Arecibo y Humacao.

Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com (El Nuevo Día)