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Por Daniel Rivera Vargas

El expediente electrónico del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico revela una tendencia constante en los últimos meses: numerosas peticiones y órdenes relacionadas con la ‘Enmienda 821’, un nuevo mecanismo que permite a los convictos reducir sus condenas.

El profesor de derecho procesal Diego Alcalá explicó que la ‘Enmienda 821’ podría beneficiar a hasta 20,000 confinados federales en todo Estados Unidos, ya que elimina ciertos factores que antes se consideraban al determinar, por ejemplo, la duración de una condena en prisión.

«Se trata de una enmienda promulgada por la comisión creada para regular las sentencias a nivel federal», indicó Alcalá, quien enseña en la Escuela de Derecho de la Universidad de Albany, en Nueva York, y también participa en cursos de reválida federal en Puerto Rico.

El profesor aclaró que una solicitud de reducción de sentencia no garantiza que esta sea concedida automáticamente. Las guías son discrecionales, lo que significa que, aunque sirven como referencia al imponer una sentencia, los jueces no están obligados a seguirlas.

Alcalá recordó que, al imponer una sentencia a nivel federal, se consideran diversos factores que se reflejan en una tabla preparada por un oficial probatorio del tribunal. Aunque esta tabla no obliga al juez, le ofrece una orientación sobre cuál debería ser la sentencia.

El mecanismo federal de guías es diferente al del tribunal estatal, donde cada delito tiene una sentencia básicamente fija, con variaciones solo si surgen agravantes o atenuantes, explicó Alcalá.

Pero, esas disposiciones de las guías pueden cambiar, como ocurrió con esta enmienda. «La Comisión de Sentencias tiene el mandato de evaluar continuamente la efectividad y sugerir cambios a los mecanismos de sentencia. Utilizando los componentes y datos disponibles, concluyeron que los dos factores que alguna vez se consideraron necesarios para reducir los niveles de reincidencia en realidad no lo eran, lo que llevó a sugerir estos cambios», expresó Alcalá.»

La Enmienda 821 a las guías de sentencia elimina dos factores que antes se consideraban al imponer sentencias. Uno de estos factores es si el convicto era un ‘status offender’, es decir, si al momento de cometer el crimen estaba bajo supervisión del tribunal, como en prisión, bajo fianza o después de haber cumplido su sentencia, pero aún bajo un Término de Libertad Supervisada (SRT, por sus siglas en inglés).

El otro factor de sentencia eliminado con la Enmienda 821 fue el cómputo automático que se aplicaba previamente a todos los acusados, especialmente a los conocidos como ‘delincuentes de cero puntos’ (‘zero point offenders’).

Alcalá explicó que, cuando el Congreso creó el mecanismo de las guías de sentencia en 1984, se buscó eliminar las probatorias, estableciendo que todo acusado, independientemente de si tenía antecedentes o si el delito era leve, recibía al menos un punto en la tabla usada para el cómputo de la sentencia.

Ahora, con la Enmienda 821, aquellos sentenciados bajo esos factores pueden calificar para una reducción de su sentencia.

Alcalá señaló que la Enmienda 821 tiene efecto retroactivo, lo que podría permitir que hasta 20,000 confinados en todo Estados Unidos califiquen para una reducción de sentencia.

Alcalá indicó que los presos que podrían beneficiarse de esta reducción ya han sido identificados, pero cualquier confinado que considere que puede calificar puede solicitar la reducción a través de un abogado privado o, si no puede costear uno, mediante la Oficina del Defensor Público.

Las guías de sentencia entraron en vigor en 1984 para evitar situaciones como sentencias dispares por el mismo delito entre jueces federales—por ejemplo, un caso de corrupción que en un estado resultaba en 6 meses de cárcel y en otra jurisdicción en 8 años de prisión.

Además, estudios revelaron elementos de discriminación por raza y género en algunos jueces al imponer sentencias, explicó Alcalá.