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La Cámara de Representantes de Puerto Rico tendrá mañana ante su consideración para votación la medida que propone enmendar la Ley de Sustancias Controladas con el fin de despenalizar la posesión simple de 14 gramos o menos de marihuana para uso personal en Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 1037, presentado por los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Orlando Aponte Rosario y Juan J. Santiago Nieves cuenta con la coautoría de los representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli y José B. Márquez Reyes.

El autor de la medida, Aponte Rosario, habló con Microjuris sobre el tema, y adelantó que cuentan con los votos necesarios para su aprobación. De igual forma, informó que estarán integrando una enmienda durante la sesión que buscaría "limpiarle el récord penal a las personas convictas por posesión de marihuana".

"Nosotros radicamos esta medida en la segunda sesión ordinaria del año pasado. Celebramos vistas públicas. Tenemos la posición de diversas agencias relacionadas con la salud. Ahora cobró más relevancia con el indulto que otorgó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden", dijo en entrevista con Microjuris.

Entonces, logró, según dijo, que miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) se unieran para apoyar la medida. "Tenemos los votos necesarios para su aprobación. Deseamos que el tema se atiendan desde una perspectiva salubrista, y abandonar el enfoque pungitivo, que a todas luces no ha funcionado", destacó.

Anticipó que el representante Héctor Ferrer Santiago, quien también tiene radicado un proyecto de ley busca regular el uso controlado de la marihuana, estará solicitando ser coautor.

Los autores destacan que la pieza legislativa propone despenalizar la posesión de marihuana para uso personal en Puerto Rico como medida para combatir la actividad criminal. Ello no significa la legalización de las sustancias controladas, sino un esfuerzo por desprender los problemas de la adicción y consumo de catorce (14) gramos o menos de marihuana de un enfoque punitivo.

"Yo no quiero que los recursos del Estado se pierdan tratando de encarcelar a una persona que es usuaria de marihuana. Prefiero que los limitados recursos del Estado vayan a evitar el tráfico de drogas y en la educación sobre las consecuencias del uso de sustancias controladas", agregó.

Lee aquí la medida

La enmienda de ley dispone que por la primera infracción, con pena de multa administrativa, será de quinientos ($500) dólares; por la segunda infracción, con pena de multa administrativa será mil (1000) dólares, y completar un curso de dos (2) horas sobre uso y abuso de sustancias controladas a ser ofrecido por la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA). Mientras, que por la tercera infracción, con pena de multa administrativa serán mil quinientos (1,500) dólares, más la obligación de completar un programa de charlas socioeducativas a ser ofrecido por ASSMCA, y con la prestación de servicios comunitarios por un periodo no menor de treinta (30) días. Luego de una tercera infracción, esta excepción no le será de aplicación. 

Una enmienda incluida por la Comisión de Jurídico dispone que las cantidades pagadas por las multas o faltas administrativas impuestas al amparo de esta excepción serán destinadas directamente al Fideicomiso del Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico.

De contar con la mayoría de los votos en el pleno de la Cámara de Representantes, la propuesta pasa ante la consideración del Senado.