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Por Daniel Rivera Vargas

La ley que permite eliminar antecedentes penales acaba de cumplir 50 años, y un grupo de juristas entrevistados por Microjuris destacó la importancia de este recurso para ayudar a muchas personas a obtener trabajos y viviendas, a pesar de haber sido culpables de delitos en el pasado.

«Desde que comencé hace 40 años como abogado he ayudado a personas con esta ley y he visto a personas como han conseguido licencias profesionales, como han obtenido viviendas y como han entrado al mercado laboral cuando eliminaron sus antecedentes», dijo el licenciado Félix Vélez Alejandro. «Sabemos que hay miles de persona en la calle que tienen antecedentes y no saben, desconocen o no se interesan por borrar el récord», comentó.

«Esta ley es una luz de esperanza para muchos ciudadanos», aseveró la licenciada Yahaira Colón.

«Creo que ha sido exitosa porque ha «permitido a personas conseguir empleos sin el estigma de estar condenados, indicó el profesor Julio Fontanet Maldonado.

Según su exposición de motivos, la Ley Núm.. 254 del 27 de julio de 1974, conocida como la Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales, fue creada para formalmente autorizar a la policía a expedir los certificados «conocidos erróneamente por muchos como certificados de buena conducta».

Pero, el estatuto de cinco páginas también incluye una disposición que permite eliminar en algunos casos esos antecedentes.

Actualmente, toda persona convicta por un delito grave debe esperar cinco años para solicitar la eliminación de sus antecedentes penales y cumplir con requisitos como haber cumplido su sentencia sin cometer un nuevo delito, tener buena reputación en la comunidad, y haber sometido su información al banco de datos de ADN.

En el caso de las personas convictas por delitos menos graves, las enmiendas más recientes disponen que los antecedentes se eliminen automáticamente después de 30 días de haber cumplido la sentencia, siempre que no estén registrados por delitos sexuales, corrupción o violencia doméstica.

El estar en estos registros también son un impedimento para eliminar antecedentes de delitos graves, según surge de la ley.

Se trata de una ley que contribuye a que el estado cumpla con su obligación de rehabilitar a los confinados, indicó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet Maldonado.

«Es importante la reinserción de un convicto en la sociedad, en se sentido el Departamento de Corrección y Rehabilitación viene obligado a rehabilitar, y esta legislación siempre ha estado alineada a esa función», sostuvo Fontanet Maldonado.

El Artículo VI, Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico establece como política pública del Estado Libre Asociado «promover, dentro de los recursos disponibles, el tratamiento adecuado de los delincuentes para posibilitar su rehabilitación moral y social».

Fontanet Maldonado elogió el saldo de la legislación, aunque no descartó ajustes en el futuro. «Creo que hay que revisitar la ley para ver si puede ser afinarse, si en lugar de los términos que están en la actualidad puede reducirse en algunos delitos», añadió.

En una entrevista por separado, Vélez Alejandro explicó que en la Sociedad para Asistencia Legal, el grupo de profesionales del derecho que representa sin costo a personas en casos criminales que no pueden contratar representación legal, se le da gran importancia al tema de la eliminación de antecedentes penales debido a su impacto práctico en la vida diaria.

Vélez Alejandro, quien es el director ejecutivo de SAL, añadió que la ley ha sido enmendada en varias ocasiones, pero no han sido cambios que hayan afectado la efectividad del estatuto.

«A pesar de que es una cuestión personal no tener antecedentes penales, existe también la posibilidad de que tener antecedentes penales sea un impedimento para conseguir empleos, porque hay patronos que exigen no tener antecedentes y te afecta en tu proceso de rehabilitación, una persona que cumple su sentencia, limpia su récord y puede integrase a la fuerza laboral», indicó Vélez Alejandro.

Además de facilitar la obtención de empleo, donde los antecedentes penales son un factor determinante para obtener licencias en ciertas profesiones, la limpieza de antecedentes penales también ayuda a ciudadanos de escasos recursos a acceder a vivienda. Vélez Alejandro explicó que existen programas federales que no brindan asistencia a ciudadanos con antecedentes penales.

«Para todo ciudadano es importante que tenga su expediente libre de convicciones y que personas que han cumplido la pena que se le impuso en un momento dado, y cumplieron con la sociedad, que puedan volver a tener su récord limpio», añadió el director ejecutivo de SAL.

Sin embargo, es un proceso con sus dificultades, reconoció Vélez Alejandro. Por ejemplo, para probar buena reputación se requiere contar con testigos que testifiquen a tu favor, generalmente entre dos y tres personas. En algunos casos, basta con presentar una declaración jurada, pero en otras ocasiones es necesario comparecer ante un tribunal, como parte de un proceso en el que interviene la fiscalía.

Además, es necesario demostrar el cumplimiento total de la sentencia. En casos donde se impuso una multa, se debe presentar evidencia de que fue pagada, y en situaciones donde se ordenó una restitución, es obligatorio llevar prueba de que se cumplió con restituir a la víctima lo que le correspondía, añadió Vélez Alejandro.

Explicó que el mecanismo solo opera con acusaciones estatales porque no existe este mecanismo en la jurisdicción federal.

Nuevo programa para ayudar a mas gente

Aunque siempre desde SAL se ha asistido a personas en estos tramites de eliminar antecedentes penales, en enero pasado se comenzó el Programa de Reinserción Comunitaria, con la aspiración de ayudar de forma masiva a ciudadanos a eliminar sus antecedentes, según Vélez Alejandro.

Desde la creación de ese programa en enero han recibido 356 solicitudes para eliminar antecedentes penales y se han radicado ya 148 de esas peticiones. Algunas no se han radicado porque no cumplen con los requisitos para hacer la solicitud, sostuvo.

Además de eliminar los antecedentes penales, el programa de reinserción comunitaria de SAL asiste a ciudadanos en recuperar las fotos y huellas dactilares de un exconvicto luego de que se ha acabado el proceso penal y de sentencia; y en algunos casos a borrar los nombres del registro de ofensores sexuales o violencia doméstica.

El programa es dirigido por la licenciada Yahaira Colón Rodríguez, quien explicó que la lista de solicitantes asciende a 437 hasta el viernes pasado por los programas adicionales relacionados a ofensores y huellas dactilares.

«Nos ha sorprendido (la gran cantidad de personas que ha solicitado el servicio). Deja mucho que decir que hay mucha gente que tiene necesidad de hacerlo. En algunos casos impacta que sean casos remotos, que llevan hasta más de 10 años... tenemos personas de convicciones del año 90 y pico.... no lo habían hecho porque desconocían o por el costo», indicó Colón Rodríguez.

«La ley permite dar herramientas a las personas que ya cumplió una sentencia... le da una posibilidad de quitarse un estigma de discrimen que a nuestro juicio va directamente atado a su condición social. En la mayoría de las ocasiones son personas de escasos recursos», agregó la licenciada Colón Rodríguez.

El costo de eliminar antecedentes penales en la práctica privada fluctúa entre los $300 y $500, indicó. El tiempo promedio entre lo que el programa decide atender la solicitud y que el tribunal resuelve son cerca de 4 meses.

«Pasamos mas tiempo de espera en obtener los documentos requeridos para la solicitud», mencionó.

La licenciada manifestó que es necesaria una enmienda a la ley para que se eliminen los antecedentes penales de forma automática o a petición, sin tener que esperar un periodo de cinco años. «Que eso no quede reflejado en un certificado de antecedentes penales», sostuvo. «En el camino estamos viendo la dificultad y desesperación de los ciudadanos para obtener empleo porque tiene antecedentes penales».

Agregó que también han detectado que hay fallas en los sistemas informáticos donde no hay actualización en tiempo real entre los sistemas del Departamento de Justicia y de la Policía, y esto ha afectado procesos que no se está dando la eliminación automática de los delitos menos graves.

Añadió que han estado haciendo peticiones, que han prosperado, para que también se borren los récords públicos en la web del Poder Judicial de las personas condenadas que ya extinguieron sus condenas.

La oficina está funcionando con $484,000 de fondos federales que expiran en diciembre próximo, comentó.

«Nuestro llamado es que el acceso a la justicia, para los que creemos en la rehabilitación que propone nuestra constitución, es que tenemos que poner nuestro grano de arena para programas como este en Asistencia Legal, que favorezcan evitar la reincidencia... queremos que esto sea el camino para un ciudadano transformarse y moverse en la dirección correcta»

El programa se encuentra en un proceso de dar charlas en municipios y organizaciones, en lugares como residenciales públicos, para que más gente se entere del servicio que ofrecen y ayudar a más ciudadanos, según se explicó.

Personas interesadas en participar de esta iniciativa de SAL puede llamar al 787-765-4042 y antecedentes@salpr.org