A partir de hoy, los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico no tendrán que ir necesariamente a un Tribunal para obtener una declaratoria de herederos o un cambio de nombre ya que asuntos como esos los podrán solucionar ante cualquier notario o notaria, tras la aprobación unánime por parte del Tribunal Supremo de una Resolución que pone en vigor la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario. La puesta en vigor de esta Ley el día de hoy, 1 de febrero de 2012, ofrecerá mayor acceso a la justicia, agilidad, economía procesal a los tribunales y economías en costos para la ciudadanía.

A partir de la implantación de la Ley, la ciudadanía podrá decidir si recurre al tribunal o a un notario o notaria para que atiendan los siguientes asuntos: declaratoria de herederos; expedición de cartas testamentarias; adveración y protocolización de testamentos ológrafos; declaración de ausencia simple para contraer nuevo matrimonio; procedimientos para perpetuar hechos en los que no esté planteada una controversia y no puedan resultar en perjuicio de otra persona ni se pretendan utilizar para conferir una identidad a una persona; corrección de actas que obren en el Registro Demográfico; y para cambios de nombres y apellidos. El acta de notoriedad que recoge el asunto no contencioso presentado ante la consideración del notario (a) tendrá los mismos efectos jurídicos que una resolución del Tribunal.

En Puerto Rico hay 8,799 notarios activos.

La puesta en vigor de esta ley requirió que el Departamento de Justicia aprobara reglamentación para regir la intervención del Ministerio Público en los asuntos en que entre los interesados haya personas incapacitadas judicialmente o menores de edad, y otros en que la ley requiere su participación. Conforme esa exigencia, se aprobó el 28 de abril de 2011 el Reglamento para Establecer las Normas que Regirán la Participación del Ministerio Público en los Asuntos No Contenciosos Ante Notario.

En todos los procesos relacionados a la puesta en vigor de esta Ley, la ODIN (Oficina de Inspección de Notarías) contó con la colaboración de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial de Puerto Rico, designada por el Tribunal Supremo y presidida por el licenciado Dennis Martínez.

Ese proceso también contó con la participación y el endoso del Instituto del Notariado Puertorriqueño, adscrito al Colegio de Abogados de Puerto Rico, y de la Asociación de Notarios de Puerto Rico.