El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Edgardo Feliciano Sánchez se expresó preocupado ante la situación crítica en que se encuentran los abastos de agua en los embalses del país y exigió respuestas a las principales agencias encargadas de su funcionamiento.

Esta situación se dio a conocer durante la vista pública que este realizó la pasada semana para atender el Proyecto de la Cámara 908, con el fin de crear la "Ley de Embalses de Puerto Rico", y establecer la política pública del Gobierno con respecto a los embalses de agua y disponer sobre sus usos, manejo y protección.

«Yo tengo una preocupación bastante significativa y es que los pueblos que yo represento; Manatí, Morovis, Vega Baja y Vega Alta carecen del servicio de agua. Mi distrito se está viendo afectado, convirtiéndose en un problema constante, al punto en el cual existen comunidades que han estado nueve días sin el servicio. La indignación es grande y ya es hora de que se atienda este asunto. Los ciudadanos no aguantan más’’, expresó el representante.

Los legisladores recibieron el insumo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Departamento de Recursos Naturales (DRNA).

En la audiencia pública, José Bermúdez, jefe de la División de Riego y Represas de la AEE, indicó que para la realización de los dragados está experimentando retos significativos. «El proceso de dragado es muy costoso. El problema que estamos enfrentando para realizar esta labor son las trabas respecto a la permisología y lograr un efecto de oferta y demanda para las personas que están interesadas en invertir en este proceso para poder venderle el material necesario».

«Lo que nos ocupa, que es cómo podemos manejar la sedimentación de los embalses, una buena medida sería reunirnos todas estas agencias con el apoyo de la Asamblea Legislativa para lograr un proyecto que agilice la permisología para lograr esas remociones. Si esto se materializa, el pueblo de Puerto Rico se beneficiaría grandemente», agregó.

Respecto a los rumores de una posible privatización de las generaciones eléctricas de los embalses, Bermúdez sostuvo que «yo como jefe de la División de Riego puedo decir que eso no está dentro de mis responsabilidades. Esa pregunta la debería contestar la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas que son los llamados en ley para someter los proyectos de privatización que, de hecho, ellos son quienes realizaron el contrato de LUMA’’.

«Hago el planteamiento, ya que es algo que nos levanta bandera. No es justo que actualmente estemos pasando dificultades como para sumarle ahora un problema de otra privatización. Los embalses son patrimonios de Puerto Rico y sin duda alguna esto es algo preocupante’’, enfatizó el legislador Feliciano Sánchez.

De acuerdo con Samuel Acosta, representante del DRNA y Ann Ventura, ingeniera de la AAA, Puerto Rico cuenta con 37 embalses. La AEE tiene a su cargo 20, ocho le pertenecen a la AAA, cuatro al DRNA, tres privados que le corresponde a la Asociación Serrallés y dos del Municipio de Comerío.

Según Ventura, la solución para mantener la capacidad de los embalses requerirá inversiones de sumas extraordinarias de fondos que no tienen disponibles. No obstante, mencionó que la AAA completó un estudio preliminar para solicitar fondos de FEMA, para el dragado del lago Carraízo. El diseño de la agencia comenzó en octubre de 2021 y esperan poder comenzar los trabajos de dragado a finales del 2022. El tiempo de ejecución se estima en dos años.

«Reconocemos la necesidad del mantenimiento y velar por la salud de los embalses, pero esto debe ser una responsabilidad multisectorial que no puede recaer económicamente en la Autoridad ya que afectaría grandemente nuestra situación fiscal y redundaría en un incremento en la tarifa a nuestros clientes. Esto debe ser un asunto compartido entre todos los operadores de embalses en Puerto Rico», expuso Ventura.

Tanto la AEE y la AAA se opusieron a la aprobación de la medida. Sin embargo, se expresaron disponibles para colaborar con la Legislatura para mejorar el proyecto.

Por su parte, Acosta del DRNA destacó que la agencia no cuenta con los recursos económicos ni el suficiente personal para asumir las labores y responsabilidades de los embalses. «Nosotros debido a nuestra situación actual, podemos dedicarnos a la fiscalización. Pero la realidad es que no tenemos personal especializado para el diseño y lo que corresponde a la ingeniería para el trabajo directo con las represas».

Bermúdez concluyó informando que los retos económicos para realizar los dragados son considerables. «Realizar cualquier trabajo en una represa no cuesta dos centavos. Estamos hablando que son proyectos entre $500 a $600 millones que, como mencioné, no tenemos dinero para realizarlo. Así que, lo que estamos planificando y recomendando a FEMA es usar el mismo sedimento que está en las bocas de los ríos, procesarlo y utilizarlo como parte del sistema de construcción que estaríamos manejando en cada embalse».