La Cámara de Representantes aprobó sin enmiendas, en la sesión del 11 de noviembre, el Proyecto del Senado 361, que busca enmendar la Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, con el propósito de mejorar las condiciones de empleo de las personas que practican estas profesiones.

Con la aprobación en la Cámara, culmina el proceso en la legislatura y la medida pasa para firma o veto del gobernador Pedro Pierluisi.

Específicamente, el proyecto enmienda los Artículos 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 30 de dicha ley.

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El proyecto de ley prohíbe que una agencia de detectives privados o guardias de seguridad obligue a un empleado a trabajar horas extra sin debida notificación y prohíbe represalias en contra de empleados que rehúsen trabajar horas adicionales sin haber sido debidamente notificados.

Además, la propuesta legislativa obliga a toda agencia a hacer el pago total del salario y horas extra de sus empleados dentro de los periodos acordados y prohíbe que una agencia retenga el pago de sus empleados por esta no haber recibido el pago de sus clientes.

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El proyecto también establece el término de 30 días para que una agencia le liquide los salarios y vacaciones a un exempleado.

Adicionalmente, las enmiendas a la ley disponen que las agencias deberán entregarle a cada empleado al menos tres uniformes completos.

Por virtud de esta ley las agencias tendrán que garantizarle a sus empleados acceso a baños en un radio de 50 pies de su puesto de trabajo.

En cuanto a los requisitos para ser detective privado, con la nueva ley, si la persona cuenta con un grado de Bachillerato en Artes en Justicia Criminal, solo se le exigirá la aprobación de un curso de no más de 200 horas como requisito para la concesión de la licencia.

Por otro lado, la medida provee para que una persona reciba la licencia de detective o guardia de seguridad privado sin necesariamente trabajar para una agencia que se dedique a esto.

El proyecto de ley también enmienda los requisitos de educación jurídica continua, los términos de expiración de las licencias de detectives, guardias de seguridad privado y la vigencia de la tarjeta de identificación provista por la Policía y aumenta las penas por violar cualquiera de las disposiciones de la ley.

El proyecto original fue radicado por petición por el senador José Vargas Vidot. Figuran como coautores el senador Henry Neumann Zayas y la senadora Keren Riquelme Cabrera.